Atrapado entre zona de paso de Centro y Sudamérica de personas expulsadas por la crisis en situación de miseria y las deportaciones masivas de hispanos del gobierno de Barack Obama, la política migratoria de México se ha convertido en un espacio de despresurización social que ha evitado explosiones de violencia.

La migración como origen o trasiego de personas ha sido uno de los elementos de la crisis social del México sin posibilidades de desarrollo económico. Y entre lo poco que ha ido poniéndose en orden ha sido justamente la disminución sensible y rápida de la política migratoria no sólo como problema de aglomeración de personas sino como nido de corrupción que había llegado al nivel máximo en que agentes de migración formaban bandas para el tráfico de personas.

Forjado en el ambiente policiaco peor con formación académica en derecho, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas Fosado, acaba de informar al Senado del despido nada menos que de tres mil agentes de la dependencia involucrados en casos de corrupción. El número no es menor si se asume que en el 2013 el INM tenía, de acuerdo con un reporte de transparencia, 268 empleados de base y 3 mil 500 empleados adicionales.

La ausencia de una política migratoria integral ha facilitado el uso de México para el paso ilegal de indocumentados de Centro y Sudamérica, donde la crisis extrema sigue expulsando a millones de personas. Lo grave fue cuando los propios funcionarios migratorios participaban en el