Reformas que agravian
Con falta de experiencia política, con total ligereza, sin un análisis objetivo, con la soberbia que se apropia del escaso intelecto y criterio de quienes detentan la soberanía del poder en nuestro país, el presidente Enrique Peña Nieto liberó sus emociones dejando caer sobre los mexicanos once reformas estructurales con visión social utópica, empero si benéficas para unos cuantos.
Así tenemos que respecto de la Reforma Energética se dijo que garantizaría el abasto a precios competitivos de energéticos como petróleo, luz y gas natural; nada más alejado de la realidad que vive el pueblo y evidenciado esto último con las constantes alzas de combustible. Sobre la Reforma en Telecomunicaciones se afirmó una competencia efectiva en televisión, radio, telefonía e internet; al respecto continuamos encontrando en este rubro los mismos monopolios que manipulan y duermen a la sociedad como parte de una imperante necesidad en un estado decrépito.
Sobre la Reforma en Competencia Económica prevalece en una constante la flagrante violación al artículo 26 Constitucional, es decir, con sobrevivencia de poderosos y dificultades para competir frente a ellos. La Reforma Financiera es letra muerta ante la voracidad de banqueros trasnacionales que imponen mayores cargas a los mexicanos que aquellas que imperan en sus países de origen. La Reforma Hacendaria, continúa siendo injusta para el que menos tiene y las cargas tributarias no se reflejan en el urgente combate a la pobreza y miseria que es lacerante en el país. Se aprobó una Reforma Laboral como parte de la suscripción de una carta de intención con un solo sector de la sociedad, es decir, el empresarial.
En materia de Educación a sangre y fuego se ha pretendido imponer una reforma sin visión social y con vicios de un sistema corrupto que pretende barrer las escaleras de abajo hacia arriba, olvidando por completo el contenido del artículo 2 del Pacto Federal; en el mismo esquema que cito últimamente se promulgó un Código Nacional de Procedimientos Penales para una nación pluricultural sin evidenciar previamente la necesidad de capacitación a la estructura burocrática encargada de impartir y administrar justicia con una serie de desaciertos donde se tutelan bienes jurídicos como la vida, la libertad, la salud pública. Se reformó la Ley de Amparo con el solo consenso de quienes la aplican sin escuchar a los constantes afectados por las arbitrariedades de los reyes y virreyes que imponen su voluntad. Por si todo lo anterior fuese poco, con el consenso de la clase política que destroza al país se impulsó una Reforma Política que sigue siendo gravosa por la carga que le representa a los mexicanos el sostén de partidos políticos cuyas dirigencias enquistadas viven, viajan y derrochan del erario público; por tanto que frente a la falta de credibilidad que socialmente tienen los partidos políticos esta reforma fue solo un logro cupular.
En este sexenio se promulgó también una Reforma en Materia de Transparencia, esto es, se pretende transparentar lo que es y seguirá siendo turbio, porque la autonomía nace y se fortalece en la economía propia, y aún siendo factor relevante para la sobrevivencia del IFAI, su dependencia económica para con un estado corrupto, estirarle la mano a éste, como lo también lo hace el INE, implica sometimiento. Frente a la lluvia de reformas emanadas propiamente de la voluntad soberana del presidente Enrique Peña Nieto y la consabida aprobación de comparsas alegóricas, los mexicanos transitamos en una incipiente democracia sostenida en dos válvulas de escape que en los albores de un estallido social representan dos poderes, esto es, el legislativo y el judicial, ambos con escasos márgenes de credibilidad pero que en estos momentos aun de manera mínima superan al ejecutivo.
Las once reformas estructurales impuestas por el presidente han transitado, por un país convulsionado, mermado en su economía, fallido en mecanismos implementados para la aplicación de tan inmenso cuerpo de leyes por que la necesaria paz y concordia de los habitantes de la nación es solo discurso político. En efecto, el país se encuentra convulsionado por la inseguridad, la deprimente economía en los hogares de millones de mexicanos, la falta de credibilidad en sus instituciones, cuyo origen básico es la corrupción a lo que se suman la falta de capacidades políticas y técnicas de quienes las representan en todos sus esquemas de gobierno, por ende el presidente Enrique Peña Nieto, no puede pasar a la historia como el gran reformista del país, considerando que los lineamientos constitucionales que ha propuesto lastiman y afectan a la sociedad que representa, pero más aún, favorecen tan sólo a sectores cupulares del poder en el país y aumentan la brecha entre el miserable y aquel que siempre lo ha tenido todo, aspecto éste que de suyo abona el resentimiento entre el poderoso y el marginado.
Como lo expresé en líneas anteriores, hasta ahora la institución presidencial se soporta en dos poderes de la unión, es decir, el legislativo y el judicial, mismos a los que se recurre como una constante para atenuar la presión social, pero que se encuentran en un desgaste que ya les representa falta de credibilidad y respeto, pues resulta grave que cuando años atrás la figura presidencial se sostenía prácticamente en el partido político que le llevo al poder, ahora en esa transición simplista de democracia, son las mayorías pactadas en el Congreso de la Unión las que bajo turbios intereses sostienen las decisiones presidenciales.
En efecto, son los congresistas mexicanos una verdadera carga económica para un sufrido país ya que sus decisiones no son precisamente las que urgen a la nación, sino más bien, las que se sostienen en un interés personal o de grupo, dicho en otras palabras, las que agravian a sus representados.
En el Poder judicial de la Federación, nada cambia el dedo del supremo monarca define la llegada de nuevos ministros y por supuesto del presidente de la Corte, la cual sigue adoleciendo de autonomía, independencia e imparcialidad en sus decisiones, por la imperante necesidad económica que le impide perder la figura paternal que tiene en el ejecutivo federal, por consiguiente, en los circuitos judiciales se manejan grandes intereses que finalmente se definen por un denominado magistrado decano cuya cercanía a los virreyes de cada entidad federativa impide el urgido flujo de justicia a un pueblo ávido de ella que incluso no cree más en la burla que representa el otorgamiento de amparos para efectos simples de que, aquellas autoridades que cometieron el atropello y quebrantaron la norma constitucional emitan nuevos actos bajo el matiz que implica fundarlos y motivarlos.
Concluyo; ha sido el sexenio actual de gobierno, un sexenio con notables afectaciones al pueblo, que además ha teñido de sangre su territorio, ha callado voces de libertad, ha permito que sus productivas tierras sean la tumba de muchos inocentes, ha flagelando con actos de injusticia al que aun creía en ella y por sobre todo, ha fomento la miseria de un país al que solo le falta gritar ¡Basta!
