Sobre la libertad de expresión
El pasado de 14 de septiembre fue asesinado en la ciudad de Huauchinango, el periodista Aurelio Cabrera Campos, director del periódico El Gráfico de Xicotepec. El hecho ha causado conmoción y la respuesta de varias autoridades. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, condenó el homicidio y pidió que se investigara el caso; la Fiscalía del Estado al igual que la Comisión estatal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos reprobaron el hecho y están investigando el caso.
El asesinato de este periodista ocurre dos días de después de la muerte del también periodista Agustín Pavia Pavia, locutor de la radio comunitaria Tu Un ÑuuSavi, de Huajuapan, Oaxaca, lo que se suma a los 97 periodistas asesinados en nuestro país desde el año 2000.
El asesinato de un periodista, como el de cualquier persona, es un hecho atroz que lacera a cualquier comunidad, en ningún caso debe tomarse como lugar común y el acostumbrarnos a estas conductas debería hacernos reflexionar sobre el camino que estamos tomando como país y como sociedad. Desde una perspectiva democrática, el asesinato de un periodista es todavía más reprobable porque mina al Estado constitucional de Derecho que por definición debe respetar, garantizar y promover los derechos fundamentales.
En el caso de la libertad de expresión, éste es un derecho cuyo ejercicio fortalece, más que otros, a la democracia, pues a través de él se logra que las personas manifiesten sus distintas ideologías y posturas respecto de la realidad social, económica y cultural y en general su cosmovisión del mundo y de la vida; se garantiza el libre desarrollo de la personalidad de los individuos, la búsqueda de la verdad, la sociabilidad y la comunicación y se garantiza la pluralidad ideológica que todo Estado democrático debe tener. Además, al existir un libre tráfico de ideas se garantiza un pleno ejercicio del derecho a la información, por lo que es necesario que existan varios medios de información y con distintos puntos de vista.
Debido a su importancia y como el ejercicio de todo derecho fundamental, el Estado está obligado a garantizar su pleno ejercicio, lo que implica proporcionar los medios y las condiciones adecuadas para ello. Esto significa que, si bien en muchas ocasiones las amenazas, coacciones o represalias a los periodistas no vienen directamente del Estado sino por parte de otros particulares, el Estado es responsable de estas conductas. Dicho de otra forma, la pasividad del Estado para implementar lo medios idóneos que permitan un pleno ejercicio del Derecho lo convierten también en responsable y violador de esta libertad, y esto es lo que ocurre precisamente en nuestro Estado y en general en todo el país.
En aras de garantizar un pleno ejercicio de la libertad de expresión todas las autoridades del Estado en los distintos ámbitos de sus competencias deben de implementar distintas medidas ya preventivas ya represivas respecto de conductas que atenten a la libertad de expresión, el legislador debe tipificar más y con mayor severidad los delitos contra los periodistas, el ejecutivo debe de implementar políticas públicas y medidas de seguridad más efectivas y el juzgador, en los casos concretos que conozca, deberá resolver siempre a favor de la libertad de expresión. Mientras más y mejor se ejerza este derecho, más y mejor nos consolidaremos como un verdadero estado democrático…
