Purificación partidaria

En la columna anterior hablé de la apuesta que está haciendo la sociedad civil en torno al combate a la corrupción, particularmente las universidades en Puebla, al establecer una agenda conjunta que además coincide con las estrategias de los sectores público y privado locales y nacionales.

En esta ocasión, analizaré la labor que están haciendo los partidos políticos mexicanos al interior de sus organizaciones, en el ánimo de ganar adeptos para las próximas elecciones locales de 2017 y consecuentemente la federal de 2018.

Y usted disculpará estimado lector si lo expreso así, pero tal parece que solo en este contexto preelectoral es que crece la necesidad de buscar resolver el principal problema para los ciudadanos: la corrupción y abuso de autoridad de los políticos que un día eligieron para gobernarlos.

En otro tiempo, todo esto podría haber esperado pero no ahora porque "el combate a la corrupción es impostergable", de acuerdo con líderes de las fuerzas políticas. Más bien, es el momento de repartirse las culpas y buscar a los más corruptos, a fin de "demostrar" que los partidos políticos están tomándose en serio esta labor, impulsando hoy como nunca una "purificación partidaria" en México.

Situación que va acompañada de acciones y decisiones contundentes para mostrar el músculo partidista en sus planes anticorrupción, como lo es el suspender los derechos partidarios de un político como militante de su partido político al estar involucrado en actos de corrupción, desvíos de recursos o enriquecimiento ilícito; siendo este el caso de gobernadores postulados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN); Javier Duarte y Guillermo Padrés, respectivamente.

En el caso del PRI, en el marco de una profunda crisis presidencial (acompañada de un déficit de legitimidad por la falta de confianza y credibilidad en la figura del Presidente de la República y las instituciones), sumada a la amenaza de perder las próximas contiendas electorales, se empezó la cacería de brujas contra Javier Duarte, Gobernador de Veracruz, quien pidió licencia para facilitar las investigaciones en su contra por parte de la PGR y el SAT. En este sentido, Enrique Ochoa, presidente del PRI, pidió aplicar la ley con todo rigor contra su correligionario a fin de dejar en claro que el partido rechaza contundentemente la impunidad.

Por su parte, el PAN también decidió a través de su líder nacional, Ricardo Anaya, apoyar las investigaciones ministeriales contra Guillermo Padrés y no protegerlo al estar inmerso en un escándalo mediático que pone en riesgo los positivos resultados que obtuvo este partido político en los resultados electorales locales recientes.

El PAN busca asegurar la preferencia electoral que hoy goza y no está dispuesto a arriesgarla por la mala imagen y desprestigio de "uno" de los suyos, ya que la Interpol emitió una ficha roja para encontrar al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, quien se dio a la fuga, teniendo en su contra una orden de aprehensión por diversos delitos.

La corrupción sin partido es la que vivimos en México, al buscar los políticos desligarse de gobernantes o ex gobernantes corruptos para purificarse partidistamente porque creen que es rentable denunciar la corrupción al interior de sus filas, a fin de mantener votos y evitar un escándalo de este tipo en un contexto electoral; es lamentable que preocupe más eso que dejar el poder con resultados positivos de una buena gestión pública, sin vergüenza pública por haber postulado a criminales a cargos de elección popular y no asumir que esa decisión que se tomó al interior de sus filas tuvo consecuencias funestas.

Urge que los partidos asuman su papel de representación de la indignación social (y no la culpa) de postular candidatos sin ética ni responsabilidad pública y que exista justicia efectiva contra ellos.

@floresm_mx

* Politóloga del Tecnológico de Monterrey en Puebla