Martes 01 de Noviembre de 2016 |
El planeta "Corruptón" no existe, no como podríamos pensar en un espacio virtual donde cohabitan quienes corrompen y son corrompidos (por voluntad propia o porque así han sido siempre las cosas). Esto implica pensar en un contexto social donde todos pueden ser sujetos de cometer fallas u omisiones en el comportamiento social, haciendo que todo lo que los rodea se vea inmerso en una realidad que afecta a toda la población, aunque con poca conciencia de ello. Así funciona la corrupción, como un problema sistémico que está ahí, como el elefante sentado en la sala que algunos ven como es (del tamaño que es), o como una situación que está ya normalizada, con la que aprendemos a convivir sin saber exactamente qué hacer con ella. En México, de acuerdo a los datos de Anatomía de la corrupción 2ª Edición (Casar, Amparo: 2016), 79 por ciento de la población considera que el problema de la corrupción es un problema serio, que involucra no solo al gobierno, sino a las empresas y al sector social también. A pesar de que casi esa misma proporción de personas encuestadas considera, según revelan estudios recientes de percepción de la corrupción (Opciona: 2016), que los más corruptos son los políticos, no así los ciudadanos. Hecho que no puede aislarse porque si existe una autoridad corrupta, también lo sería la ciudadanía que consciente y tolera abusos e impunidad. Por ello la importancia de fortalecer la participación ciudadana en el combate a la corrupción en México, especialmente después del ejercicio de cultura cívica que vivimos con el Sistema Nacional Anticorrupción y que ahora debe armonizarse con las legislaciones locales. La reforma presentada recientemente por el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que homologa la ley que en el orden federal impulsó antes el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, contempla entre otras cosas, la creación del Tribunal de Justicia Administrativa y del Consejo de la Judicatura, la obligatoriedad de los servidores públicos a presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses; la instalación de la Fiscalía al Combate a la Corrupción; y más facultades al auditor superior del estado. Iniciativa del Ejecutivo que ya se aprobó en el órgano legislativo pero que deseablemente también podría socializarse para enriquecer las propuestas del Ejecutivo del estado y legitimar la acción pública en un problema que es del interés público (no solo gubernamental). Esto permitiría mejorar nuestra realidad social, toda vez que las voces de las y los ciudadanos apuntan cada día más hacia la noción de gobiernos transparentes que rindan cuentas de sus actos, de forma abierta y pública (utilizando todos sus medios y las nuevas redes sociales para informarnos qué y por qué hacen lo que hacen). Aun cuando la versión democrática del siglo XXI se caracteriza por el mar de datos intrascendentes y el aislamiento del individuo en la sociedad de la información, que a pesar de estar hiperconectada, distancia a los ciudadanos de lo que es de todos: el espacio público (que debemos limpiar de tanta corrupción). Al respecto, coincido con Enrique Krauze (2016) cuando explica que "el mejor convencimiento no proviene de las prédicas ajenas y menos de las imposiciones externas: proviene de encarar las consecuencias de los errores propios." Así se debiera pensar el ciudadano del siglo XXI, como el individuo que se responsabiliza e involucra en el control del poder político, se entera y exige una mejor forma de gobierno. Que no se aísla ni ignora. ¿Cómo usar las redes en el combate a la corrupción? Considero que sería muy útil la estrategia de las 4 I's, en cualquier parte del país (Ferreira, Delia: 2016): Más Información, Menos Indiferencia, Menos Impunidad, Más Integridad. Siendo un trabajo tanto del gobierno como de la sociedad. * Politóloga del Tecnológico de Monterrey en Pueblainfo@reconstruyendociudadania.org / @floresm_mx |
