Las ciudades están en pleno proceso de transformación alrededor del mundo. Lo que en un principio careció de planeación y crecimiento ordenado, hoy es motivo de reconocimiento en algunas metrópolis de Europa y América; pero no ha sido gratis el haber alcanzado cierto nivel de desarrollo armónico para quienes las habitan.

Han tenido que transcurrir décadas, protestas ciudadanas, docenas de modificaciones en las leyes locales, lucha de grupos organizados, y la lenta aceptación pública de que existe una tendencia hacia la inclusión, la movilidad y la adopción de valores sociales para que varios centros urbanos ya cuenten con una visión progresista de lo que es el Derecho a la Ciudad.

Uno de los temas que en mayor proporción son ignorados al momento de generar las estrategias y reglamentaciones que proyectan una ciudad incluyente para todos sus habitantes es, al igual que la carencia de facilidades para los infantes, la poca gestión de espacios y herramientas para la gente con alguna discapacidad.

Si bien en los recientes veinte años se ha reorientado el mantenimiento del mobiliario urbano en nuestro estado al construir rampas en las esquinas de las banquetas, así como letreros en Braille para personas con debilidad visual, guías de bastón, además de algunos intentos de semaforización sonora, es escaso el equipamiento que debe estar instalado para proveer la adecuada movilidad y seguridad de los ciudadanos con algún padecimiento discapacitante.

Incluso, en los municipios donde sí existe una red de apoyo básico para este sector de la población, las estructuras requieren de un mantenimiento urgente o reemplazo total, pues con el paso del tiempo su deterioro resulta evidente, hecho que deriva en un retroceso gradual de las garantías ciudadanas de las personas con discapacidad que de forma diaria utilizan estos apoyos.

Es importante recordar que, a nivel internacional, durante las actividades preparatorias para la reciente Cumbre Hábitat III, se estableció como uno de los objetivos de desarrollo sostenible lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, lo que se traduce en que cada espacio habitable debe dotar de las mismas oportunidades a todos sus miembros, sin importar su condición física, económica o social.

Uno de los factores que nos permitirán tener ciudades incluyentes es, precisamente, la inserción de las personas con discapacidad a la cuidad, lo que se logra al tener un mobiliario urbano responsivo que facilite la vida de personas con discapacidades físicas como ceguera, movilidad reducida, dificultades de aprendizaje y problemas de visión.

Lo anterior nos permitirá que las ciudades sean más adaptables para todo tipo de personas, es decir, que exista un espacio inteligente que responda de manera diferente a las necesidades específicas del usuario.

Tras analizar todo lo expuesto, la semana pasada presenté ante el Congreso del Estado un Punto de Acuerdo en el que invito respetuosamente a todos los ayuntamientos urbanos de la entidad que cuenten con equipamiento para personas con discapacidad, para que atiendan lo relacionados con la materia.

De esta manera, deberán proporcionar manteniendo a las rampas de discapacitados al pintarlas, repararlas y despejarlas; además, que inspeccionen las placas en Braille y guías de bastón, para que en el caso de ser necesario, las reparen. El acuerdo incluye la revisión de los edificios públicos para verificar que cuenten con las rampas apropiadas para discapacitados.

Por último, también se invitó respetuosamente a los ayuntamientos urbanos de la entidad que no cuentan con equipamiento urbano para personas con discapacidad, a que implementen los programas que les permitan instalarlo.

La ciudad se construye entre todos sus habitantes, tanto ciudadanos como autoridades, por lo que nadie debe quedarse atrás en este nuevo esquema de Ciudad para Todos, desde una perspectiva incluyente, que marcará el desarrollo de nuestra sociedad.

*Diputado Local de la LIX Legislatura

@pabloporpuebla

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