Extraño, cuando el Congreso del estado está próximo a designar el primer fiscal anticorrupción en Puebla, la sociedad aún no se manifiesta ni realiza propuesta alguna y es que la más posible de las razones es la falta de credibilidad en las instituciones que con personas no idóneas ha manejado en Puebla el Morenovallismo.

Ciertamente la principal universidad pública y las privadas mantienen un silencio que las hace cómplices del personaje que por instrucciones del ejecutivo en turno el congreso local habrá de "ratificar" para asumir el cargo de fiscal anticorrupción; todo ello en forma contraria a lo que acontece en la capital de la republica donde sobresalen nombres como el del jurista Miguel Sarre.

La fiscalía anticorrupción, me refiere un viejo amigo empresario, será una carga burocrática más para el sufrido pueblo ya que su elección será a modo y acomodo, pero además agrega, "para mala fortuna de los ciudadanos debe ser un abogado y ello entorpece todo por la mala fama de los abogados".

La propuesta del doctor Rafael Moreno Valle Rosas, para integrar al seno del Poder Judicial un Consejo de la Judicatura, como lo he venido sosteniendo es tardía, esto es, cuando la corrupción se encuentra en su más álgido momento dentro del Tribunal Superior de Justicia, cuando magistrados y jueces sin el menor disimulo son juez y parte en muchos de los litigios donde debieran ubicarse en el justo medio de la balanza y si de esto que cito subsiste duda en la presidencia del tribunal, con específicos documentos disipo dudas, pues un botón basta de muestra y este es el juzgador de Tetela de Ocampo, Puebla entre muchos.

Nada es diferente a lo que cito últimamente en la Fiscalía General del Estado y quizá, lo más grave, en el foro de abogados poblanos es un secreto a voces el conocimiento que se tiene en torno a las grandes complicidades que existen entre autoridad y delincuencia organizada.

El Fiscal anticorrupción debe salir de la propuesta que sobre juristas probos y técnicos del derecho realicen universidades públicas y privadas de la entidad, así como los foros de abogados que específicamente tendrán que desarrollarse, empero desde luego, con participación democrática y no selectiva, pues deben ser estos quienes habrán de cerrar el paso a políticos y sátrapas que ante denuncias ciudadanas por casos de corrupción de magistrados, jueces y ministerios públicos hoy optan por las jugosas dadivas que reciben para dejar hacer y dejar pasar ya que un ejemplo claro lo representa la llamada fiscalía en delitos cometidos por servidores públicos, misma que se constituyó en su oportunidad únicamente como garrote político del gobernador en turno.

Frente al sepulcral y cómplice silencio para emitir propuesta del nuevo fiscal anticorrupción cabe la amplia la posibilidad que el congreso del estado de madruguete en este tema, pues desde la propia fiscalía general ya hay quienes se promueven ante el ejecutivo saliente y el electo, siendo uno de ellos un personaje que no ha podido aprobar su examen nacional de confianza pero que despacha plácidamente en el edificio de la fiscalía general.

En el Tribunal Superior de Justicia las aguas están revueltas lo cual genera ganancias a pescadores corruptos que fueron premiados inmerecidamente con cargos que de ninguna manera les correspondían, situación está que contrasta con la popular frase: "para Puebla, lo mejor está por venir".

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