Pareciera que el poder político en México no alcanza a concebir la molestia que priva en las fuerzas armadas, no obstante el fuerte discurso pronunciado en días pasados por el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.

La descomposición social que vive el país tiene su origen en un Estado corrompido prácticamente en todos sus niveles de ejercicio, aprovechado ello por el incremento de grupos criminales que violentan a una nación al amparo, en muchas ocasiones, de quienes tienen en sus manos tareas de seguridad pública.

La imperante necesidad de legislar sobre la seguridad interior es contenida por el poder político con resultados catastróficos para los mexicanos y pareciera que los dueños del poder en México, confunden seguridad interior con seguridad pública lo cual ha propiciado que por casi diez años 52 mil soldados de los más de 300 mil que tiene el Ejército se encuentren desplegados en territorio nacional realizando tareas propias de los responsables de la seguridad pública. Tal circunstancia ha generado un desgaste considerable en las instituciones armadas, en tanto que para el poder político ha representado disponer en su beneficio del recurso que debe ser base para la seguridad de los mexicanos, situación ésta que amerita regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, lo cual implica determinar las circunstancias y condiciones para el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de esta naturaleza.

Corresponde al Congreso de la Unión en los términos a que se contrae el artículo 73 de la Constitución determinar las facultades para que autoridades federales y fuerzas armadas realicen acciones de orden interno, orientadas a prevenir amenazas a través de destacamentos de seguridad, patrullajes, reconocimientos, puestos de vigilancia y seguridad a instalaciones estratégicas, empero el inicio de esta tarea, reitero, se encuentra propiamente en un poder político corrompido.

En efecto, la tarea de presidentes municipales y gobernadores en cuanto a seguridad pública se encuentra propiamente incumplida hasta ahora y es que la vox populi no se equivoca cuando afirma que en ciertos municipios y estados de la República, la delincuencia organizada sienta sus reales a partir de la entrega de plazas por la propia autoridad a estos grupos delictivos.

La Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la Unión, en quien recae la encomiable labor de legislar sobre la seguridad interior, es integrada por 27 diputados federales, 11 de ellos priistas, 4 del PAN, 3 del PRD, 3 verdes y 1 de Morena; en tanto que en el Senado dicha comisión la conforman 5 senadores de PRI, 3 del PAN, 2 del PRD y 1 del PVEM, con ello quiero decir, amable lector, que estos personajes del poder político, con escoltas y chofer poco interés les depara que la seguridad interna del país siga siendo amenazada por el crimen organizado.

Reitero lo dicho: la tropa se cansa y aun cuando las prestaciones de los miembros del Ejército han sido incrementadas en los últimos años, no así el salario directo de estos que se incrementa anualmente de mandos medios hacia abajo en 4 por ciento, siendo en estos últimos en quienes recae la principal labor frente al crimen organizado.

Exigir que el Ejército regrese a sus cuarteles puede o no ser voz generalizada, pero prevalece la duda en que esas voces guarden, como todo en este país, un oscuro interés, disfrazado quizá de la retórica denominada Derechos Humanos.

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