Lunes 19 de Diciembre de 2016 |
La decisión del gobernador Rafael Moreno Valle de iniciar al expresidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, un proceso administrativo de determinación de responsabilidades, no logrará el propósito de dejarlo fuera de la sucesión gubernamental de 2018, para despejarle el camino a su esposa Martha Érika Alonso Hidalgo. De entrada porque el procedimiento encaminado a sancionar e inhabilitar a Rivera Pérez por supuestas irregularidades que rebasan los 411 millones de pesos no es percibido como una acción de combate a la corrupción, sino como una venganza política, instrumentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la LIX Legislatura del Congreso local. Para nadie en Puebla es un secreto que -a pesar de las certificaciones y reconocimientos gestionados por su titular David Villanueva Lomelí- la ASE está muy lejos de funcionar como un órgano autónomo, profesional y objetivo en la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los sujetos obligados. Su discrecionalidad comienza por los tiempos tan laxos para dictaminar cuentas públicas. Unas se revisan a toda prisa, de manera superficial, sin que los auditores cuestionen alguna partida presupuestal, gasto, contrato de obra o de prestación de servicios, entre ellas la del Ejecutivo, Poder Legislativo y Tribunal Superior de Justicia. Por lo general estas cuentas terminan siempre aprobándose el mismo año que se presentan, sin pliegos de observaciones ni de cargos, a diferencia de lo que ocurre con la Auditoría Superior de la Federación. En cambio, otras cuentas como las de presidentes municipales no afines al gobernador en turno, se dictaminan dos, tres y hasta cuatro años después, con el propósito de tener en la incertidumbre, en ascuas, a esas autoridades. La intención de mantener en la congeladora estas cuentas es casi siempre política o electoral, más que técnica. Los presidentes que no tienen sus cuentas públicas liberadas son susceptibles de presiones políticas, lo mismo de la Secretaría General de Gobierno que del Congreso del estado y la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado (ASE), para que mantengan un bajo perfil, no se postulen a cargos de dirigencia partidista o elección popular o, según sea el caso, se manifiesten a favor o en contra de determinadas figuras públicas. Esta es la historia de la cuenta pública del tercer año de gestión de Eduardo Rivera, es decir, del año correspondiente al ejercicio fiscal 2013. La maniobra del gobernador Rafael Moreno Valle de usar a la ASE y a los diputados de la LIX Legislatura como garrotes políticos en contra del exmunícipe capitalino fue tan burda y tan descuidada en las formas que ésta ha sido descalificada o etiquetada como autoritaria o represiva. Las principales críticas, por cierto, provienen de destacadas figuras del PAN que en Twitter han salido a defender al exmunícipe capitalino de Puebla y a censurar al artífice y a los instrumentadores de esta vendetta política: el gobernador saliente y los diputados que integran el bloque morenovallista en el Congreso local. Sobre el tema se han pronunciado a favor de Eduardo Rivera el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés; la aspirante presidencial Margarita Zavala Gómez del Campo; la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota; el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Antonio Cortés Mendoza; los senadores Héctor Larios Córdova, Juan Carlos Romero Hicks, Adriana Dávila Fernández y Laura Angélica Rojas Hernández; los exgobernadores Francisco Javier Ramírez Acuña, Alberto Cárdenas Guzmán, Carlos Medina Plascencia, Juan Manuel Oliva Ramírez; y el ex dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz. @periodistasoy |
