Miércoles 21 de Diciembre de 2016

Una de las primeras iniciativas del gobernador Rafael Moreno Valle sobre el Poder Judicial del estado, al comienzo de su sexenio, fue la creación del Consejo de la Judicatura que, ante la oposición inicial de la mayoría de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), no prosperó y se quedó en la congeladora legislativa.

Sin embargo, con motivo de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción la iniciativa de crear el Consejo de la Judicatura se reactivó y ahora el gobernador Rafael Moreno Valle tiene prisa por nombrar a sus tres integrantes antes de que concluya su administración.

Así se lee en el artículo Séptimo Transitorio de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla: "El Consejo de la Judicatura deberá quedar instalado en un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley", es decir antes del 31 de enero de 2017 en que concluye su sexenio.

De los tres miembros del Consejo de la Judicatura -que es el órgano administrativo del Poder Judicial encargado de la administrar los recursos de éste, seleccionar a los jueces de primera instancia de la entidad y vigilar el cumplimiento de la carrera judicial- el gobernador ya tiene claramente perfilados a dos.

Uno es el presidente en funciones del Tribunal, Roberto Flores Toledano, quien será también el presidente del Consejo de la Judicatura, y el otro es el magistrado José Saúl Gutiérrez Villareal, coordinador de Comisiones de la Junta de Administración del TSJ.

Antes de llegar a Puebla del brazo del gobernador Moreno Valle ninguno de los dos tenía carrera judicial. Flores Toledano era un modesto profesor universitario, chilango, socio de un despacho jurídico especializado en asuntos fiscales y mercantiles (Flores Toledano y Rullán Abascal, S C), que había laborado en la Tesorería del Distrito Federal y en PIPSA (Productora e Importadora de Papel).

El hoy magistrado José Saúl Gutiérrez Villareal tampoco tenía experiencia como administrador de justicia. Antes de llegar a Puebla procedente de la Ciudad de México se había desempeñado en puestos burocráticos como subcontralor de Responsabilidades del ISSSTE de 2005 a 2008; contralor interno de Semarnat, Profepa, Conanp e INE de 2008 a 2011; y contralor interno de Apoyos y Servicios de la Comercialización Agropecuaria (Aserca), de mayo de 2011 a octubre de 2012.

Lo paradójico es que ahora ambos -junto con un tercero que podría ser el magistrado José Roberto Grajales Espina, quien también carece de carrera judicial- podrían ser los que, en términos del artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado nombren a los jueces de primera instancia, a los numerarios e itinerantes; los que designen a los funcionarios del Poder Judicial; los que los vigilen y revisen las quejas y denuncias que se presenten en su contra; y los que decidan los ascensos, cambios y renuncias de los servidores públicos dentro del Poder Judicial.

En otras palabras, a través del Consejo de la Judicatura, el gobernador saliente Rafael Moreno Valle mantendrá el control del Poder Judicial del estado al menos durante los próximos cinco años a partir del 15 de febrero de 2017.

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Cuentan los que saben que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y amigo de la infancia del gobernador Rafael Moreno Valle, Roberto Flores Toledano, será reelecto una vez antes de que concluya el sexenio.

Que su nombramiento se dará en términos del Sexto Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado que textualmente dice:

"SEXTO.- Por única ocasión, el periodo a que hace referencia el artículo 21 de la presente Ley iniciará el 15 de febrero de 2017 y concluirá el 31 de diciembre de 2020; debiéndose llevar a cabo la elección respectiva antes de la fecha señalada en primer término".

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