Una vez más la información que el gobierno federal ofrece sobre los beneficios o bondades del gasolinazo se quedan sólo en palabras sin vida, demagogia o mentiras; uno de estos argumentos, fue que el subsidio que había en el precio de la gasolina beneficiaba más a los que más tienen porque son los que más la utilizan, y que ese dinero debería destinarse mejor en programas gubernamentales para ayuda a los más desprotegidos. El argumento en sí resulta insostenible, porque en la actualidad los dueños de los de medios de producción son los económicamente más fuertes y el aumento en la operación de esos medios, los suman desde luego al consumidor final, con lo que no resulta cierto que esa falta de subsidio vaya a beneficiar a los que menos tienen. La medida fue planeada desde el inicio del sexenio y en forma más sistemática durante 2014, 2015 y 2016. Llama la atención que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este ejercicio fiscal 2017, las partidas presupuestarias dentro de los ramos administrativos del Gasto Programable para Educación, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y alimentación; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y Desarrollo, social sean menores por lo menos de las del ejercicio 2016. También se ha sostenido que el gobierno ha reducido su gasto, sin embargo la partida presupuestal referente a Previsiones Salariales y Económicas, por lo menos la referente a la Secretaría de Gobernación, aumentó para este ejercicio fiscal.

Lo que sí es una realidad es que el aumento en la gasolina generará un aumento generalizado en los precios, incluyendo el trasporte, lo que ocasionará que la ligera disminución del índice de pobreza alimentaria que había tenido México durante 2015 y 2016, sufra un retroceso, pues desde luego esta inflación afectará de forma directa a la canasta básica de los mexicanos.

Lo anterior, aunado a la posible deportación de millones de mexicanos que regresan a sus hogares en México, sin posibilidad de trabajo en sus lugares de origen y quienes además ayudaban al sostenimiento de sus familias, generará sin dudas una disminución muy importante en su poder adquisitivo y el regreso a la pobreza alimentaria. Por lo que es necesario y urgente la implementación de nuevas metodologías de intervención que permitan que los recursos destinados al desarrollo social se apliquen de manera efectiva y transparente; no existen los mecanismos suficientes, eficientes y transparentes que garanticen que esos recursos cumplan con el objetivo por lo que se incluyen en el gasto público.