Muchos son los poblanos que traen consigo el número telefónico de los llamados proveedores de huachicol; la clave es sencilla, simplemente marcando y ordenando hasta las puertas de su hogar llegan a surtir el producto de un acto ilícito.

Ciertamente basta indicar "me puedes traer leche", el proveedor pregunta "cuántos litros" y en escasos 20 minutos el producto es surtido con un ligero incremento en su costo, ello porque en la entrega a domicilio incrementa en un peso el costo por litro y se garantiza, además, una entrega con el huachicol debidamente filtrado para evitar averías en su automotor.

Se trata de secretos a voces que las autoridades simplemente fingen desconocer. Contrario a lo que se afirma, no existe una lucha frontal contra lo que representa un saqueo a la nación y en ello tienen que ver los tres órdenes de gobierno, por cuanto a la persecución de los ilícitos y enmarcado en un específico caso a la potestad judicial por vía de los tribunales penales federales.

Desde épocas remotas el Código Penal Federal prevé y sanciona rigurosamente el delito de sabotaje en su artículo 140 que describe entre otras conductas "el daño destrucción y entorpecimiento de funciones de las dependencias al servicio del estado, organismos públicos descentralizados y empresas de participación estatal" tal hecho, dice la norma, puede realizarse en sus instalaciones, plantas, centros de producción, distribución o bien en sus industrias básicas.

El precepto a que hago referencia en líneas anteriores tiene una interpretación armónica por la Primera Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, en una tesis ubicable con el registro 907786. Aun cuando el ilícito de sabotaje fue creado exprofeso por el estado para socavar movimientos de huelga y perseguir en su momento a líderes políticos, en la actualidad cobra absoluta vigencia para perseguir al crimen organizado que destroza parte de lo que resta del patrimonio de la nación denominado Pemex.

Grave resulta que la Procuraduría General de la República, la paraestatal agraviada y los Juzgados de Distrito "Especializados en Procesos Penales Federales", actúen como verdaderos cómplices de los llamados huachicoleros. Como podrá ver inteligente lector, se trata simplemente de aplicar la ley, es decir que no prevalezca el engaño al indicar que se requiere una reforma o la creación de una norma severa para sancionar a quienes perforan ductos de Pemex, para extraer combustible ya que en este contexto existe una ley que prevé una sanción de 2 a 20 años de cárcel.

En el orden de ideas que cito es destacable hacer ver a la autoridad que el Código Penal Federal, describe en su artículo 13 a las personas responsables de un ilícito y en consecuencia el delito de sabotaje trasciende aun para quienes comercialicen o transporten el combustible que por efectos de un daño o destrucción obtuvieron, porque su conducta los hace coparticipes del evento inicial.

Concluyo sin investigación científica que permita la debida integración de carpetas en las que se estructure la apariencia real del delito de sabotaje, la delincuencia organizada en Puebla, como en otros estados, seguirá caminando en caballo de hacienda con la anuencia y complicidad de la propia autoridad y en este plano el Ejército mexicano seguirá dando pena en sus acciones de persecución, las que por cierto denotan poco intelecto, quizá porque no se trata de estudiantes.

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