Las redes sociales pusieron en jaque al Consejo de la Judicatura Federal que desde mi punto de vista tomó una decisión bastante apresurada y suspendió de su cargo al juez tercero de Distrito en el estado de Veracruz, Anuar González Hemadi, porque el 22 de marzo resolvió el juicio de amparo indirecto 159/2017 donde concedió protección constitucional de manera lisa y llana a Diego Cruz, sometido a proceso por el delito de violación.

En Veracruz se encuentran adscritos 16 juzgados de distrito, los cuales conocen y resuelven de las controversias que cita el artículo 1 de la ley de Amparo, ello porque increíblemente dichos juzgados aún no se encuentran delimitados en su actividad jurisdiccional por materia.

Llama la atención a cualquier abogado postulante que la demanda de garantías de Diego Cruz fue admitida a trámite el 8 de febrero del presente, que a la responsable se le notificó de ello el 10 de febrero y que el 14 del mismo mes ya se habían recibido informes de justificados de las autoridades responsables, cuando éstas tienen un término de hasta 15 días para la emisión de dichos informes.

El juez de distrito en forma omisa señaló las nueve horas del 21 de marzo para el desahogo de la audiencia constitucional, no obstante que el artículo 163 de la ley de Amparo determina como inhábil esa fecha.

Al advertir el juez de distrito que el 21 de marzo no era laborable emitió acuerdo para celebrar dicha audiencia al día siguiente es decir el 22 de marzo actual, misma fecha en la que resolvió conceder el amparo solicitado con un estudio de fondo en el que determinó que no se acreditaban los elementos que integran el cuerpo del delito de violación.

Es incuestionable que no podemos generalizar sobre la actuación del Poder Judicial de la Federación, empero también es racionalmente cierto que la descomposición político social del país se está llevando entre las patas a un Poder Judicial Federal que debe replantear su esquema de carrera dando cabida al intelecto, la probidad y honradez de sus servidores públicos.

Mucha tinta se ha gastado para resaltar que la autonomía, independencia, soberanía e imparcialidad del Poder Judicial de la Federación, se encuentran salvaguardadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte Justicia de la Nación, no obstante se ha bajado la guardia notablemente en este aspecto primordial, desde el momento mismo en que se viene permitiendo la grave injerencia del Ejecutivo federal en el nombramiento de nuevos ministros bajo un esquema de ternas que a la postre es obsoleto.

Reitero lo dicho en anteriores entregas: el Poder Judicial de la Federación es un poder económicamente fortalecido, pero con un notorio descuido en la selección de sus miembros lo que ha generado que se vulnere su autonomía, independencia e imparcialidad.

Tampoco se trata de integrar al Poder Judicial, jueces y magistrados timoratos en la emisión de sus fallos ya que ese tipo de togados laboran como verdaderos Godínez, prestos únicamente a cuidar sus nutridas dietas, se trata más bien de dar ingreso al joven intelecto con una formación proba y diligente.

El Consejo de la Judicatura Federal carga en su pecado de selección de jueces y magistrados las penitencias impuestas en las redes sociales que son producto, hay que decirlo, de una sociedad ávida de justicia.

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