La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas políticos y económicos del país. Provoca que tengamos instituciones públicas débiles, un continuo abuso de poder y desde luego la impunidad que es generalizada en todo el territorio. Varios organismos han hecho aproximaciones para calcular el costo que tiene la corrupción en nuestro país con respecto al PIB nacional.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) la sitúa en 10 por ciento del PIB. Por su parte, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) sostiene que la corrupción le cuesta a nuestro país cerca de 1.5 billones de pesos, equivalente a 10 por ciento del PIB. Esto significa, que de cada 100 pesos que genera la economía, 10 pesos se destinan a la corrupción. Ello habla por sí solo, que tenemos dentro del fenómeno de la corrupción a un conjunto de factores fundamentales.

En promedio los sobornos en Latinoamérica representan 11 por ciento de cada operación. Sin embargo, ese porcentaje en nuestro país llega a ser más alto tratándose en casos como: las adquisiciones del sector público (el sector de la construcción, información y comunicación), la liberación de personas condenadas por un delito a cambio de una retribución económica; en trámites aduaneros, licencias, autorizaciones, trato fiscal favorable, acceso de información confidencial, entre otros.

Es en el sector público donde existe la mayor corrupción y curiosamente quienes más deberían ayudar a combatirla, el gobierno junto con los partidos políticos, son las instituciones que menos ayudan a contrarrestarlo.

De acuerdo con una encuesta realizada de Fraude y Corrupción del grupo consultor KPMG el 44 por ciento de las empresas en México realizan pagos extraoficiales a funcionarios públicos para agilizar trámites, obtener licencias y permisos, impedir abusos de autoridad, ganar contratos y participar en licitaciones.

La percepción sobre la corrupción, sobre todo en el sector público, crece año con año y es en la administración del presidente Peña Nieto, donde ubica su nivel más alto de acuerdo con el Índice de Transparencia de la Corrupción. ¿Cómo podemos hablar del correcto funcionamiento del Estado mexicano cuándo la corrupción es la que impera?

Las instituciones públicas siguen siendo complejas en su organización y siempre terminan por ser abatidas por el funcionalismo impersonal, por la exagerada burocracia, por los injustos intereses privados, por el fácil y generalizado venga mañana, su tramite está incompleto, por el constante soborno o por el creciente interés.

Quienes ostentan un cargo público o algún tipo de responsabilidad política no deben olvidar o subestimar la dimensión moral de su representación, que consiste en el compromiso de buscar soluciones a las demandas sociales. La administración pública, a cualquier nivel, debe tener siempre como finalidad la de servir a los ciudadanos: ser gestor de los bienes de la población y administrarlos en aras del bien común.

Los escándalos políticos, destacando los realizados por ex-gobernadores están dejando un alto costo en deuda a nuestro país y de igual forma una clara lección de que la sociedad está harta de ello; habría que pensar en algunos exalcaldes y exfuncionarios que puedan ser investigados también.

En este tren de cambio, que parece avanzar ahora, debemos seguir exigiendo que los delitos que se cometieron, sea quien sea, obtengan castigos ejemplares. Y algo muy importante, ser más conscientes del protagonismo que tenemos para evitarlo.

*Analista