La generación de la Transparencia

El próximo 5 de mayo debiera ser emblemático para la sociedad mexicana, al encontrarse a disposición de cualquier ciudadano, en un solo sitio denominado Plataforma Nacional de Transparencia, la información de todos los organismos de los tres poderes, en los tres niveles de gobierno, así como del resto de los denominados sujetos obligados, que incluye entre otros a los partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales, personas morales constituidas en A.C. que pretendan postular candidaturas independientes, fideicomisos, fondos públicos (incluidos mandatos y contratos análogos), así como sindicatos.

La Plataforma Nacional de Transparencia, integrada por cuatro módulos, pudiera observarse como un importante ejercicio de fusión de políticas públicas, legislación, procedimientos administrativos, normatividad administrativa materializada en más de 4,000 criterios (sólo para el nivel Federal), que ha generado expectativa en torno al lanzamiento del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).

Un ejemplo de globalización jurídica, que busca además de la difusión de Información Pública, la promoción de los principios del gobierno abierto, la gestión de solicitudes de acceso a la información, de la protección de datos personales, así como el trámite de mecanismos de impugnación, todo desde un mismo sitio electrónico.

Esta fecha también determina el inicio del procedimiento de DENUNCIA por incumplimiento de obligaciones de Transparencia, así como las facultades de verificación al contenido de la información publicada, ya sea en los sitios web de cada Sujeto Obligado o en la Plataforma, para corroborar que la calidad, integridad, formatos y actualización de la información, sea conforme a derecho.

A esto, se sumarán los esfuerzos de la sociedad civil organizada, para analizar los contenidos desde enfoques focalizados, como en materia Presupuestal– Cuentas Públicas, de Contratos y procedimientos de asignación, de uso de leguaje ciudadano y Datos Abiertos, entre otros.

La demanda ciudadana por el combate a la corrupción y el desempeño transparente se menciona en todos los sectores de la sociedad, sin embargo, la percepción por mejorar en ambos rubros se empaña por los endebles intentos de responsabilizar, al menos en el plano patrimonial, los endeudamientos multimillonarios de procedencia poco legítima identificados en diversas entidades federativas.

Manifestaciones pacíficas se realizan en la mayoría del país, peticiones en sitios como change.org son firmadas, se viralizan en redes sociales y medios de comunicación escándalos a modo de persecución; por otro lado, se dibujan propuestas ciudadanas, en discursos de niños y jóvenes que aún conservan la esperanza por un mejor México… uno que se aproxima a elecciones intermedias, previas al gran proceso electoral de 2018, con rezagos en pobreza, desempleo, educación y crecimiento económico por brechas. Entonces surge la inquietud ¿qué papel juega la Transparencia, el derecho de Acceso a Información Pública, el "gobierno abierto" y el combate a la corrupción?

Según cifras del estudio "Corrupción y Transparencia: ¿Los temas de 2018?", publicado por Parametría sólo 1 de cada 10 mexicanos ha realizado una solicitud de acceso a información, pues son 9 los que afirman desconocer el procedimiento, resultado similar al de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2016, publicada por INEGI en la cual el 94.3% de la población mayor de edad NO ha realizado una solicitud de información.

Otra situación interesante es la credibilidad o confianza que se otorga a la información pública, pues según Parametría sólo 1 de cada 10 mexicanos, otorga credibilidad a la información proveniente del gobierno federal, mientras que los resultados de INEGI se enfocan a identificar la información en lo específico menos confiable como lo es "Salarios y Sueldos de funcionarios públicos" y "Elecciones", mientras que la información relacionada con "Desastres naturales" aparece como la mayor percepción de confianza.

Ante el panorama expuesto, queda la esperanza, en la llegada del plazo, en la mayor difusión de los derechos, en el incremento del ejercicio de los derechos… sobre todo en una generación de cambio con enfoque ciudadano.

*Académica e Investigadora

@npimente