En días pasados tuve la oportunidad de participar en la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL) en su edición 2017, en donde la asistencia fue nutrida, pero sobre todo las aportaciones generaron temas que son cruciales para la vida política y social de México.

En ese contexto participativo se dieron a conocer los acuerdos de la Décima Asamblea Plenaria, entre los que destacan la armonización en todos los estados de los Sistemas Estatales Anticorrupción, lo cuales deben quedar listos antes del 17 de julio próximo.

De la misma forma se trabajó en hacer énfasis en consensos que permitirán la generación de reformas en un tema que nos preocupa, pero sobre todo que nos ocupa y que tiene que ver con la protección y defensa de las mujeres, el reforzamiento de la equidad de género, así como la tipificación y sanción de manera eficaz del feminicidio.

En este encuentro multipartidista de diputados de todos los congresos locales se acordó que se intensificarán los trabajos y esfuerzos para concluir antes del 17 de julio próximo los procesos de armonización legislativa que permitan la implementación de los Sistemas Estatales Anticorrupción.

Es urgente en ese sentido que la sociedad tenga la certeza de que sus autoridades legislativas están trabajando de manera frontal para combatir uno de los peores lastres que como sociedad podemos tener, que nos cuesta grandes cantidades de recursos económicos y que, sin duda, genera el retraso de la sociedad en materia de progreso.

Se acordó que se promoverán los consensos que permitan impulsar reformas para la protección y defensa de las mujeres, el fortalecimiento de la equidad de género y la erradicación de la violencia de género, así como para tipificar donde sea necesario y sancionar de manera efectiva el delito de feminicidio.

En ese sentido es importante destacar que el trabajo para lograr sociedades más equitativas y que fomenten el respeto y la no violencia a las mujeres, no solo corresponde a las autoridades sino que debe ser un esfuerzo generalizado que incluye a instituciones, sociedad organizada, padres de familia y, claro, a las autoridades en la difusión de valores y en la aplicación de la ley para quienes atenten contra la seguridad e integridad de las mujeres.

El encuentro también fue marco de uno de los temas más importantes en los últimos años y que se ha acentuado a raíz de las políticas que pretende implementar el gobierno de Estados Unidos. Se puntualizó que se establecerán los canales de comunicación, coordinación y participación con el Gobierno Federal, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones que sea necesario, para coadyuvar en la representación y defensa de los derechos de los migrantes.

Otro de los temas a destacar fue que se acordó continuar con los procesos de reforma para la protección de las niñas, niños y adolescentes, en especial para impulsar la prohibición del matrimonio infantil.

Además, se incorporarán a las asociaciones nacionales de oficiales mayores de los congresos y de institutos de investigaciones legislativas para la construcción de los procesos de armonización legislativa.

El trabajo realizado es, sin duda, el comienzo de una gran tarea que ahora tenemos los legisladores por delante. Sin embargo, en la mayoría de los temas de la agenda destaca el hecho de que hoy ya no se trata de impulsar leyes o reformas sino que éstas cuenten con el respaldo de la sociedad participativa que se debe involucrar para materializar los proyectos.

Desde este espacio se genera el compromiso de hacer lo que nos corresponde para enfrentar los retos que nos planteó esta reunión plenaria en donde los temas son de vital importancia para una sociedad que necesita recuperar la solidaridad, la aplicación de los valores y vivir en un marco legal justo y equitativo.

No podemos dar marcha atrás. La agenda está dictada y en nuestras manos está el llevar a cabo para beneficio de la sociedad.