Culminó mayo, uno de los meses más trágicos en el estado de Puebla. El ambiente de paz y tranquilidad que se respiraba tiempo atrás, quedó en el olvido y cada día que transcurre, los poblanos nos familiarizamos con el rostro del crimen y violencia que azotan a la entidad, que se está convirtiendo en una rehén más del problema de la inseguridad. Indudablemente, los niveles de criminalidad siguen incrementándose en complicidad silenciosa con las autoridades.

La violencia en Puebla se ha diversificado, ahora ya no sólo corresponde a delitos menores sino también a acciones que transgreden la vida misma. El pasado sábado, por ejemplo, fue presa de esta ola de violencia, Rafael Alfaro Espino, asesinado mientras cenaba con su padre en una pozolería en la colonia Amor por resistirse a un asalto. Hasta el último día del mes de mayo, se contabilizaron 46 feminicidios en lo que va del presente año.

Los asaltos a transeúntes, transporte público y establecimientos comerciales en la capital son cada vez más frecuentes y se tornan cada día más violentos. El robo de autopartes sigue a la alza y los asaltos carreteros comienzan a convertirse en otro problema más dentro del gris y desolador horizonte poblano.

El panorama, no obstante, no luce nada alentador. Ningún funcionario, desde el gobernador Antonio Gali hasta el secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales Rodríguez, han tomado la responsabilidad de hacerle frente a su obligación de bridar tranquilidad a los poblanos. No cuentan con ningún plan efectivo o estrategia articulada en materia de seguridad para contrarrestar la violencia que se vive en la entidad. Sólo han exhibido su nula capacidad como representantes con la implementación de operativos improvisados.

Debo recalcar que mientras la violencia se vuelve algo cotidiano, Antonio Gali aumenta el álbum fotográfico de los distintos actos públicos que preside, aunque ninguno de ellos contribuya a reducir el peligro al que hacen frente, día a día, las y los poblanos.

Hoy se cumplen exactamente cuatro meses de este nuevo gobierno, que lo único que ha dejado en claro, es su nula capacidad de gobernar, al mismo tiempo que tiene que lidiar con el abanico de problemas que le heredó el exgobernador Rafael Moreno Valle para tratar de minimizarlos e incluso, ocultarlos.

Aún resta un año y cuatro meses más de este gobierno, antes de llevar a cabo el cambio de administración; por lo que, Antonio Gali, si así lo considera, todavía tiene tiempo de recomponer el camino por el que puebla está transitando en materia de inseguridad, aunque esto signifique comenzar a remover funcionarios que han quedado a deber en el cumplimiento de sus deberes, como el actual secretario de Seguridad Pública, quien llegó a ocupar el puesto en medio de un clima de incertidumbre y que ha demostrado no estar a la altura del cargo.

Con sólo 120 días de gobierno, Antonio Gali está lejos de cumplir sus tres compromisos en materia de seguridad, que con orgullo firmó ante notario público. Las familias no viven ni están tranquilas, la violencia se respira en la calle. La "mano firme" que, se suponía, no temblaría para hacer cumplir la ley, tembletea ante la inseguridad mientras que Puebla marcha para ser un rehén más de la violencia.