Los buitres políticos vuelven a las andadas

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En los días pasados se difundió en las redes sociales la detención de un presunto asaltante en Tepango de Rodríguez, municipio que se localiza sobre la carretera Interserrana a hora y media de Zacatlán. El hecho es que las autoridades de ese lugar en vez de ponerlo a disposición del Ministerio Público, como lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, optaron por difundir en las redes sociales las fotografías tomadas en la comandancia municipal, en las que el presunto asaltante aparece con una cartulina que tiene escrito su nombre y que es originario de Huitzilan de Serdán, con pasamontañas y arma en mano; además, se redactó un acuerdo entre las partes y firmó como autoridad el director de Seguridad Pública Municipal.

Los detractores políticos del Movimiento Antorchista y del Ayuntamiento de Huitzilan de inmediato aprovecharon el hecho para culparnos por la liberación del detenido, diciendo que pagamos una fianza, que es pariente de un servidor y que nos hemos dedicado a defender a los asaltantes; por lo tanto, el asunto era culpar al presidente municipal de Huitzilan y organizar un linchamiento contra los asaltantes. Todo esto, según ellos, queda plenamente demostrado por las imágenes difundidas y por los comentarios del seudocura José Martín Hernández Martínez y Antonio Velázquez González (que aparece como Omar Cañadero en una cuenta de Facebook), siervos adictos de Alonso Aco, cacique de Huitzilan de Serdán.

Resulta necesario dar nuestra opinión en relación a este asunto, pues, planteado así, se ve a todas luces que el cacique Alonso Aco, junto con sus operadores políticos José Martín y Antonio Velázquez, quieren abonar el terreno para una nueva desestabilización de la paz y la tranquilidad social que prevalece en nuestro pueblo y que es resultado de la lucha de los pobres, quienes hace 34 años se liberaron de la explotación caciquil y tomaron en sus manos el poder municipal para convertirlo en un instrumento para resolver los problemas más graves que padecen.

Además de que el presunto asaltante no es mi pariente, la acusación no tiene ningún sustento y viola aquel principio jurídico conocido como onusprobandi y que consiste en que quien afirma algo está obligado a probarlo; pero por si hubiera alguna duda lo fundamento con el Artículo 130 del Código Nacional de Procedimiento Penales. Los acusadores están obligados a demostrar que el presidente y los dirigentes de nuestra organización pagaron la fianza del presunto asaltante, de lo contrario tendrán que aceptar que son unos mentirosos e incitadores de la violencia.

Pero, ¿quiénes son estas personas cuyo trabajo principal es la calumnia y la desestabilización de nuestro pueblo? Antonio Velázquez es un personaje nefasto que está dispuesto a sepultar de muy buena gana los ideales de su padre, el gran héroe revolucionario huitzilteco don José Ramírez Velázquez Gobierno, fundador de Antorcha Campesina en nuestro municipio en 1984, bajo los ideales de paz y tranquilidad, ideales que pagó con su vida a manos de quienes hoy el hijo defiende. Don José Ramírez Velázquez Gobierno vivió en carne propia las masacres de la UCI que hoy niega Antonio Velázquez, porque así conviene a sus intereses personales. Cuando don Ramírez tomó posesión en el Ayuntamiento en 1984, Huitzilan estaba en ruinas, y él con la gente organizada trabajaron a marchas forzadas, día y noche si era necesario, para reconstruir al pueblo. Don Ramírez fue promotor del nuevo Huitzilan, que hoy presenta grandes avances y resultados nunca imaginados, como la construcción del Hospital, de la Casa de Cultura, gran cantidad de aulas para los jóvenes, caminos y muchos otros logros.

Todo lo que existe hoy no hubiera sido posible sin la lucha que impulsó su padre y que apoyó hasta los últimos días de su existencia, porque don Ramírez, a diferencia de Antonio Velázquez, nunca fue traidor a sus compañeros.

Pero por increíble que parezca, el hijo Antonio Velázquez también acusa a su propio padre de asesino, tal y como lo publicó el día en que los antorchistas fuimos a depositar unas coronas al panteón municipal en honor a todos nuestros mártires antorchistas, caídos bajo las balas asesinas de la UCI. Cito parte de un texto que Antonio publicó en las redes sociales el 21 de marzo de 2017: "todas las muertes que ocurrido desde que llego antorcha a este municipio son ocasionados por ellos mismo y después utilizan alas personas asesinadas como mártires o héroes de la Organización Antorcha Campesina" (¡sic!). ¡Ojo! Dice "desde que llegó la organización", es decir, en marzo de 1984, cuando la gente pobre ya organizada tomó por primera vez las riendas del municipio y eligió como presidente municipal a don Ramírez Velázquez Gobierno para el periodo 1984-1987. Hacer una acusación así, ¿no es acusar de asesino a su propio padre? Esa postura, ¿no favorece a los criminales de la UCI que cometieron más de 150 asesinatos y a los que su padre siempre denunció sin titubeos para que se hiciera justicia? Si habla de "todas las muertes", ¿por qué no menciona cada una de ellas? ¿Por qué no denuncia con pruebas ante las autoridades competentes a los asesinos para que se les castigue? Cualquiera que conozca la historia de Huitzilan, concluirá que estas acusaciones son un absurdo, producto de una mente insana.

El expárroco Martín Hernández dice que este hecho (el supuesto pago de la fianza de detenido en Tepango) prueba que todos los antorchistas somos criminales. ¿En qué se basa? En que el padre del detenido es antorchista; pero como queda demostrado con el ejemplo de su amigo Antonio, el antorchismo no se hereda, se adquiere con ideales. Si según Martín Hernández cuando un antorchista es culpado de algún delito son responsables todos los antorchistas, entonces, ¿está bien acusar a todos párrocos católicos, incluido el mismo Martín, por los crímenes de la Iglesia que la prensa ha ventilado en todo el mundo y que son horrendos hasta lo indecible? Y vaya que hay mucha tela de dónde cortar. Como en buena ley esta acusación grupal no se debe hacer, entonces cae por tierra el razonamiento de Martín Hernández, al que la población corrió de la Iglesia de Huitzilan por borracho.

En el grupo de Alonso Aco hay gentes que deben más de un homicidio y muchos malandrines que le faltan el respeto a los transeúntes, los apedrean o cometen robos a casa habitación, y cuando se les detiene corren en grupo encabezados por Antonio Velázquez a impedir que la policía municipal realice su trabajo y se les aplique la correspondiente sanción por sus malos actos. Esto prueba que son falsos cuando piden que "se haga justicia", pues ellos son los principales promotores del crimen. Para que no se nos acuse de que son palabrerías, en caso necesario documentaremos uno por uno los actos en los que Antonio Velázquez y los seguidores del seudocura han impedido que se tomen las medidas para hacer que a los responsables de la comisión de un delito se les aplique la ley. El expárroco vive en una época ya atrasada, pues el mismo Cristo modificó hace dos mil años muchas de las normas del antiguo testamento, pero él en esta época moderna quiere que se apliquen todavía -y no tiene ningún descaro de promoverla- la ley del talión: "ojo por ojo y diente por diente", aunque el llamado a un linchamiento todavía rebasa eso.

Manifiesto categóricamente que ni la administración y la organización tenemos nada que ver en este asunto, puesto que nosotros sí buscamos la paz, tranquilidad y el bienestar social. Solicito muy atentamente que la Procuraduría General del Estado intervenga lo más pronto posible para deslindar responsabilidades, haciendo el compromiso de que el Ayuntamiento que me honro en presidir prestará todas las facilidades para lo que se requiera. Ésta es nuestra respuesta. Nada más ni nada menos.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de El Popular, diario imparcial de Puebla

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