Colapsa nuevo sistema penal en Puebla
Se calcula que en la República no menos de 500 mil casos desahogados conforme al nuevo sistema penal adversarial en fase de investigación tienen haciendo agua lo que representó un ambicioso cambio de la justicia en México, situación que evidencia el posible fracaso del estado en la implementación de una reforma más.
La pregunta clave es ¿fue un error cambiar el modelo penal tradicional? No, desde una óptica particular, si bien existen errores en la concepción y lagunas en el Código Nacional, quien fracasó fue el Estado en su esquema de implementación.
La ineficiencia, la impunidad, la exigua capacidad para luchar contra la criminalidad, no son producto del nuevo sistema, si no conllevan a que quien lo aplica proviene de una cultura prácticamente inmodificable.
El recurso humano utilizado en un radical cambio de justicia es el mismo creado y educado con directrices éticas y morales inamovibles y también parte del fracaso en la aventura de un Estado cómplice de toda la vida con la impunidad.
Cuando escuchamos a quienes en otro momento idolatraron, votaron e implementaron el nuevo sistema; ahora quejarse y atribuir culpa total a una reforma procesal penal por el incontenible incremento en la criminalidad, debemos evitar ser presa de esos ilusionistas ineptos que ahora pugnan por enviar desde el Congreso del estado un punto de acuerdo al Congreso de la Unión proponiendo absurdamente incrementar el número de delitos considerados como graves para propiciar cárcel ante cualquier hecho con apariencia de delito.
Como dije en líneas anteriores: no es todo un sistema el que ha fallado, tampoco se requieren únicamente medidas legislativas, se trata de una serie de fallas remediables y para ello es imprescindible que jueces y ministerios públicos desencartonen los formalismos procesales que a modo y acomodo vienen aplicando.
Digámoslo como es, se ha estructurado en Puebla una mafia que involucra a jueces, ministerios públicos y defensores, quienes al imperio de universidades patito se dicen certificados y calificados en el nuevo sistema penal adversarial.
El negocio es sencillo: hoy los defensores cobran por audiencia y el costo lo han tasado entre 15 y 30 mil pesos, de tal suerte que a mayor número de audiencias, mayores ingresos. El papel que ministerios públicos juegan en este mafioso esquema es sencillo: simplemente se trata de no ir más allá de sus escasos conocimientos, haciendo conocedor al órgano judicial de manera anticipada de la integridad de su carpeta de investigación y, obvio, la autoridad judicial mostrándose desconocedora de la investigación previamente concertada, propicia el diferimiento de audiencias y por si fuera poco, éstas son editas por cuanto a su videograbación.
El escaso número de juzgadores en el estado, encargados de aplicar el nuevo sistema penal adversarial propicia lo que cito en líneas anteriores, y este reducido grupo de jueces llega a ser alumnado, incluso, de supuestos defensores doctos y catedráticos de cursillos implementados e inventados conforme a sus necesidades.
En sentido opuesto es fácil encontrar invitaciones de universidades patito impartiendo diplomados y maestrías en los que se encuentran como docentes un específico número de jueces locales y supuestos doctos en el nuevo sistema.
Señor gobernador, señores diputados, señor fiscal general y señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, no podemos calificar al nuevo sistema de justicia como un cadáver insepulto y causante del incremento de la criminalidad en Puebla. Se debe modificar, sin apartarse del garantismo, los formalismos procesales; es indispensable analizar nuevas formas de comisión de delito para tipificarlas debidamente. El recurso humano hasta hoy utilizado es absolutamente renovable y no indispensable como aparenta ser.
Concluyo: se trata de fallas remediables y no todas las soluciones son legislativas, la ineficiencia no se puede endilgar a una sola medida, ni a una sola situación, los agentes policiacos prevalecen ante su ignorancia timoratos en su quehacer y otros tantos complacientes y cómplices de la criminalidad.
