¿Qué medidas implementar en contra del alcoholismo?

Cuando tuve la oportunidad de escuchar en cátedra al Dr. Witker y al Dr. Tamayo, juristas de reconocida trayectoria, inicie en una especie de réplica en los cursos donde he tenido la oportunidad de compartir reflexiones con los alumnos, el estudio a la perspectiva holística o sistémica de interpretación del derecho, que puede resumirse como una forma de entender que el fenómeno social del derecho requiere ser analizado considerando otros aspectos que forman parte del sistema en que interactuamos las personas, por lo tanto el sistema normativo tiene por pilares tres en lo particular: el político, el económico y el contractual, en ellos yacen las normas jurídicas, se interconectan y complementan. El resultado de esta interpretación a mi parecer, bien podría relacionarse con el pensamiento complejo del filósofo y sociólogo Edgar Morín.

La mayoría de los conflictos actuales podrían entrar en esta forma de interpretación, sobre todo cuando se trata de identificar una solución que sea factible, no sólo desde el plano jurídico, sino de manera holística, situación que debe pasar de la observación y análisis a la implementación, con la participación de Estado y ciudadanos. Desde los años 70 la Comisión Económica para América y el Caribe (CEPAL) advertía que en el ciclo de políticas públicas debía estar presente en TODAS sus etapas la participación ciudadana, es decir, no sólo en la identificación del Problema, sino también en la elaboración de Propuestas, en la Implementación de las mismas y sobre todo en la Evaluación.

En recientes días, los ciudadanos de la región metropolitana del estado de Puebla hemos observado las propuestas sobre la posible implementación de políticas públicas relacionadas con la necesidad de reducir el consumo nocivo del alcohol. Es importante resaltar, que pese a lo que podamos opinar a título personal sobre este aspecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha manifestado que el alcoholismo es una enfermedad, que requiere la intervención de los representantes del Estado por medio de políticas públicas, pues se trata de un tema de importancia a la salud pública.

A todo problema podemos presentar alternativas para su solución, tomando en cuenta su dimensión. Si el alcoholismo es una enfermedad, como sociedad no podemos esperar que sea el Estado el único que intervenga, también debemos presentar nuestras opiniones y sugerencias. La OMS ha hecho lo propio con los países miembros de la comunidad democrática internacional, emitiendo sus recomendaciones para disminuir el uso de alcohol, mismas que pueden resumirse en lo siguiente: Regular su comercialización, restringiendo su disponibilidad sobre todo para el caso de menores de edad; regular lo apropiado sobre conducción de vehículos en estado de ebriedad; crear programas de tamizaje e intervenciones breves para los casos que lo requieran; contar con programas de sensibilización enfocados a liderazgo, concienciación, compromiso, es decir educación sobre el tema; reducir la demanda mediante mecanismos tributarios y de fijación de precios; presentar programas enfocados a la comercialización y promoción de las bebidas alcohólicas.

En efecto, del análisis a estas propuestas puede observarse que se requiere del esfuerzo de ambos sectores. La educación es responsabilidad de familia, sociedad y estado, mientras que la decisión de fijar precios, incluir aumentos en los tributos (desde niveles federales, locales y municipales), verificar que la leyes en torno a prohibición de venta a menores, licencias para producción o comercialización, entre otras muchas tareas, recaen en los gobiernos, la realidad es que de no existir cooperación entre instituciones públicas y sociedad, las políticas públicas que se implementen estarán destinadas a fracasar.

Llama la atención las experiencias de los estados que han elegido combatir este problema por medio del incremento a impuestos, pues en el caso de Baja California, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes, Querétaro y Campeche, se generó un aumento en el costo de las bebidas entre 3 y 4.5 por ciento, sin alcanzar un resultado favorable para disminuir el consumo de alcohol; aunque si se analiza desde la perspectiva de la administración pública, esta medida si puede representar un incremento en el erario público, que con la adecuada promoción y vigilancia en los centros de venta al público, podría generar resultados positivos.

Encontrar concesos en sociedades complejas postmodernas es un verdadero reto, sin embargo, no podemos permanecer impávidos ante un problema que afecta cada vez más a niños y jóvenes, con consecuencias irreversibles a la salud y en algunos casos fatales. Podemos estar a favor o en contra de una política pública, de una regla o de una obligación… quisiera pensar que todos coincidiremos en estar a favor de la vida y de la salud.

Más allá de recordar la importancia de la Cultura de la Legalidad, apelo al lector a reflexionar y emitir sus opiniones para encontrar juntos, como sociedad, una alternativa a este problema de salud o al menos, a compartir con familia y amigos su posición ante el complejo fenómeno del alcoholismo.

*Académica e Investigadora

@npimente