El artículo 17 de nuestra Constitución es parte del articulado que se refiere al derecho humano a la seguridad jurídica, uno de los aspectos más importantes del Estado de Derecho, entiéndase por Estado de Derecho a aquél en que sus gobernantes basan su actuación en lo que la ley les faculta (obliga) y/o permite. Este artículo en sus primeros dos párrafos preceptúa:

"Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales".

El motivo de la prohibición a la sociedad (en forma colectiva) o sus miembros de hacerse justicia por sí misma, se hace indispensable para mantener el monopolio de la fuerza del gobierno y su legitimidad ante los gobernados, quienes a través del contrato social le ceden esa facultad como una manera de mantener la paz nacional. Por eso es tan importante que el gobierno a través de sus autoridades responda de forma pronta e imparcial cuando ocurre un rompimiento del orden social, de otra manera estamos ante el riesgo que sea la sociedad quien tome la autotutela de la seguridad bajo su mando sin ningún parámetro, procedimiento, ni viso de legalidad.

La eficacia de los órganos estatales encargados de la investigación y persecución del delito, los cuerpos policiacos, el ejército, así como de los tribunales es un requisitos fundamental que garantiza a los ciudadanos vivir en una comunidad organizada, cuando esto falla, las personas y los bienes de éstas se encuentran en peligro y la fuerza no del Estado pero sí del gobierno, se tambalea en forma importante y da lugar a la organización de grupos de choque de toda naturaleza, que intentan suplir al gobierno o que en más de los casos se aprovechan de esta situación para delinquir con más fuerza. El papel de la capacitación y formación de los órganos estatales mencionados anteriormente, no es un gasto eludible, tampoco lo son las campañas de formación cívica y moral para los ciudadanos ni el juicio justo a todas aquellas autoridades que comentan algún delito, son gastos que deberían tener prioridad a las campañas electorales exorbitantes que no generan legitimidad alguna.

Como ejemplos de lo anterior, me gustaría citar tres casos, en los que la respuesta por parte de nuestras autoridades tristemente, no ha sido ni pronta ni imparcial, con lo que se ha generado disturbios, más violencia y rompimiento del orden social.

El caso de San Fernando

Masacre ocurrida en un poblado de Tamaulipas en el cual fueron asesinadas 72 personas en agosto del 2010. La investigación al parecer se ha desarrollado en medio de inconsistencias, dudas, mala información, sobre el móvil, la identidad de los masacrados, los responsables, etcétera. Finalmente a casi siete años de ocurridos los hechos, el 20 de junio del mes próximo pasado de manera pronta, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recalificó los hechos, y determinó que sí hubo "graves violaciones de derechos humanos" en cumplimiento a una sentencia de amparo dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tlatlaaya

Caso de Tlatlaya, Estado de México, hechos ocurridos el treinta de junio del 2014, donde murieron un número todavía no precisado de personas, pero si más de diez, asesinadas presuntamente por miembros del Ejército, el cual sigue abierto; aunque en este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí se pronunció antes de un año emitiendo una recomendación por violaciones a los derechos humanos, que nada más y nada menos se les privó de su derecho a la vida. Hay que esperar quizá otros cuatro o cinco años para que nuestras autoridades determinen de acuerdo con el artículo 17 constitucional de forma imparcial, lo que realmente ocurrió en ese municipio y se finquen las responsabilidades a las que haya lugar.

Ayotzinapa

Bueno... al parecer los hechos son muy recientes, 26,27 de septiembre del 2014, no son sino apenas tres años, aunque ya se ha avanzado mucho en determinar algunos responsables, la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, todavía es un caso que no se cierra y no han aparecidos la totalidad de los ruralistas.

Cito tres casos, pero al lector de estas líneas se le pueden venir a la mente muchos, muchos más, en los que, el propio gobierno a través de omisiones e imparcialidades no cumple el orden jurídico que da validez a su actuación y se pone en riesgo ante sus gobernados.

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* Profesora de tiempo completo del Tecnológico de Monterrey. Departamento de Relaciones Internacionales

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