Combate la corrupción, de la legislación a la implementación

El 19 de julio se cumplirá la fecha señalada para el inicio de vigencia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida por muchos como Ley 3de3 por su relación con esta iniciativa ciudadana, forma parte del paquete de legislación creada o modificada para estar a tono con el Sistema Nacional Anticorrupción.

Poco parece preocupar a las autoridades que el plazo nos alcanzará con una lista de pendientes, desde los acuerdos políticos necesarios para lograr el nombramiento del fiscal Anticorrupción, homologación o creación de normatividad local, nuevas Instituciones, asignación de recursos para su funcionamiento, capacitación a servidores públicos y ciudadanos, campañas de difusión, entre otros muchos aspectos… sin embargo, considero que todos se pueden resumir en uno solo: falta de voluntad de quienes ostentan el poder.

A nivel nacional las reformas para dar estructura a este Sistema, iniciaron desde el 10 de febrero de 2014, donde se otorgaron facultades al Senado para para nombrar al Titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción… después de poco más de dos años, el Código Penal Federal el 18 de julio de 2016, reiteró la facultad… pero poco pasó, en lo concerniente a este nombramiento.

Lo que sí ocurrió es que con las modificaciones al Título Décimo del Código, que anteriormente refería los "Delitos cometidos por Servidores Públicos", ahora se reconoce que CUALQUIER PERSONA puede cometer los "Delitos por Hechos de Corrupción", tal y como se indica en el artículo 212.

Pese a esta evolución legislativa, se debe insistir en que poco ha ocurrido a nivel de implementación, pues el título se encuentra encapsulado, en tanto no se otorgue el nombramiento del Fiscal Anticorrupción. Pero no hay que temer amables lectores, el Fiscal aún vacante duraría en su encargo hasta el 30 de noviembre de 2018, por lo que si fallan las negociaciones, acuerdos y cabildeos políticos, llegará la fecha en que el Fiscal/Procurador tome las riendas de la elección, eso o llegue una nueva reforma… o algo haya cambiado en el tablero político con el proceso presidencial en turno.

Organizaciones de la sociedad civil, como el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., se encuentran dando seguimiento a la evolución en las reformas Locales e instauración de los Sistemas, Nacional y Locales, que en realidad se conectan a uno mismo.

La fecha está casi por vencer y aún se desconoce la implementación de la nueva Plataforma Nacional Digital, que es diferente a la que se ha generado para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, pues en esta se debieran inscribir las declaraciones de situación patrimonial, fiscal y de conflicto de interés, ad hoc con la propuesta 3de3; las Constancias por sanciones incluidas las inhabilitaciones, al contar con un padrón de servidores públicos sancionados en cualquier nivel; así como el subsistema específico para materia de contrataciones públicas, donde deberá existir información tanto de quienes resultan ganadores de una adjudicación contractual, sin importar el mecanismo - concesión, licencia, permiso o autorización, así como de los servidores públicos que transfirieron el contrato. Llegará la fecha indicada por la Ley y podremos observar si se logra la implementación o continuamos con buenas intenciones en papel.

En los Estados también se debe estar trabajando a marcha forzada. En el caso de Puebla ya fue nombrado el Fiscal Anticorrupción… aún está pendiente el Consejo de la Judicatura del Estado, así como el Tribunal de Justicia Administrativa, pieza elemental para sancionar las denuncias que los ciudadanos presenten y que repercutan en faltas graves, actos de corrupción.

A este Tribunal le hace falta toda su estructura legal, administrativa y patrimonial, aunque pudiera ocurrir un milagro en el trascurso de estos días, donde el Honorable Congreso del Estado presentara, discutiera y aprobara las leyes pendientes así como partidas presupuestales adicionales para este ejercicio fiscal… ¿será posible?

En lo que ya se ha avanzado es en la integración de la Comisión de Selección del Comité Estatal de Participación Ciudadana, conformado por nueve hombres que tendrán entre sus atribuciones integrar la representación ciudadana del Sistema Local Anticorrupción.

La sociedad espera que esta representación masculina cumpla con su encomienda, publicando la convocatoria para la integración del Comité, realice la amplia consulta pública dirigida a toda la sociedad en general, para que presenten sus postulaciones, defina la metodología, plazos y criterios de selección, observando lo indicado en el artículo 19 de la Ley del Sistema, que a la literalidad ordena que en la conformación del Comité Estatal de Participación Ciudadana se procurará que prevalezca la igualdad de género.

La Organización de Naciones Unidas cuenta con un programa especial, con la agencia de ONU Mujeres México, enfocada a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres; los tres niveles de gobierno de este país cuentan con Institutos de Mujeres; existen presupuestos transversales con enfoque de género; se emiten recomendaciones con acciones afirmativas… sin embargo sólo dos mujeres fueron postuladas para integrar la Comisión de Selección y ninguna fue considerada idónea por el H. Congreso del Estado de Puebla.

Por cierto, considero que las mujeres no deben ser consideras como una "cuota de género", por el contrario, si se han dado a la tarea de incluirse en las leyes, órdenes directas para avanzar en la equidad de géneros, es precisamente porque los espacios de participación en el sector público se otorgan de manera distinta para el género femenino. Claro, en el inquieto panorama del combate a la corrupción, la preocupación por la equidad de género parece estar en un nivel menor.

Reitero la diferencia entre Cultura de la Legalidad e implementación de la Ley. La primera es un conjunto de valores, normas y acciones de quienes promovemos en la población el reconocimiento en el Estado de Derecho y sus Instituciones, para defender y no tolerar la ilegalidad… lo segundo se encuentra en manos de quienes ostentan el poder público, definen y asignan presupuestos, de conformidad con el interés, que en todo momento debiera ser el de alcanzar el bien común.