El 21 de septiembre de 2016, escribí en este espacio de libertad, una columna que rezaba "Reformas que Agravian", haciendo referencia en un apartado especial entre otras, a la reforma que en materia penal nos llevó al denominado sistema penal adversarial.

En su oportunidad también expresé que el esquema de justicia penal que hoy tenemos está al borde del colapso, ello sin atribuir directamente culpa a legislación que lo contempla como hoy lo hacen gobernadores, representantes de los poderes judiciales en los estados, fiscales y/o procuradores, más aun, con desesperación claman retroceso los encargados de las corporaciones policiacas.

Para los responsables de la impartición y administración de justicia en el país el Código Nacional de Procedimientos Penales, es el culpable directo de la impunidad, del incremento en los índices de delincuencia y de la libertad inmediata de quienes delinquen.

Es muy posible, amable lector, que más bien tengamos que hacer coparticipes del caos delincuencial a quienes torpemente y sin el mínimo conocimiento técnico legal aprobaron un código que según ellos ahora es la bandera de la impunidad.

La solución que claman quienes hoy se rasgan las vestiduras por las "aberraciones" contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es simple, se trata únicamente, según ellos de incrementar el número de antijurídicos que deben catalogarse como graves para cerrar la puerta a la libertad de quienes delinquen.

Nada más alejado de lo que realmente necesita este país con cárceles a tope y motines en las mismas que resultan propiamente incontrolables. Las escuelas del crimen organizado hoy pueden catalogarse como aquellas donde se cursa una carrera delincuencial técnica, otras donde se adquiere licenciatura y las hay donde egresan con maestría y doctorado.

Sostengo que la solución no es precisamente incrementar el número de conductas adversas a la ley que deben considerarse como graves; se trata más bien que verdaderos técnicos del derecho estructuren nuevas normas que contengan conductas que afectan a la sociedad y que, por ende pueden considerarse como delictivas, por tanto, los conocedores del derecho penal deben describir nuevas normas con pleno reflejo en la actual realidad, ya que no hacerlo implica tropezar de nuevo y con la misma piedra.

Decía con sobrado conocimiento de causa el insigne doctor Marco Antonio Díaz de León, que no había que pedir a un penalista que pusiera en marcha la norma procesal penal y viceversa, es decir, que un procesalista individualizara una conducta para imponer una sanción, por tanto que cada técnico del derecho tenía una capacidad específica y si ello es así, la pregunta, inteligente lector, es ¿cuál de estas capacidades tiene desarrollada un legislador producto de la política mexicana? Es posible que su repuesta sea también mi respuesta, y agregamos los cuerpos de asesores que como buitres se mantienen en el Congreso de la Unión, representan simplemente para los mexicanos una carga económica sin resultados.

Expongo que es indispensable que de la pretendida reforma a la reforma del sistema Penal adversarial, se ocupen penalistas y procesalistas del derecho Penal, porque en relación a la norma adjetiva considero, desde un particular punto de vista, se debe suprimir el encartonado esquema de la etapa inicial ya que este pugna con la carga de viejas prácticas que las corporaciones policiacas y el ministerio público no pueden superar.

Desafortunadamente como muchas cosas que acontecen en el país de Alicia, es evidente que las reformas las seguirán haciendo los mismos, es decir, esos que ya cometieron una gran pifia y que muy poco saben de derecho penal y derecho procesal penal.

Grave resulta para los poblanos que desde esta entidad no fluya una propuesta concreta, específica y clara de lo que realmente se necesita para mejor la impartición y administración de justicia, pues cada órgano de gobierno involucrado en estos esquemas piensa a modo y acomodo.

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