Piden que se clausuren los biodigestores de PATSA

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Angélica VILLA ENCISO


Julio 27, 2017

En diciembre del año pasado, debido a la contaminación del medio ambiente generada por los biodigestores propiedad de la empresa Planta Procesadora del Caribe SA de CV, mejor conocida como PATSA (que se dedica a la crianza de aves, a procesarlas para su venta y a producir alimento) los vecinos de San Vicente Ferrer solicitaron ayuda a la diputada federal antorchista Edith Villa Trujillo para que se reubicaran éstos.

El problema se planteó en la Dirección de Gobernación del Estado en los siguientes términos: "la población de San Vicente Ferrer solicita la reubicación de los biodigestores porque son un peligro latente contra la salud, pues puede generarse una epidemia de cólera, además de la contaminación consistente en la proliferación de moscas y la permanencia de malos olores en el ambiente que se agrava en tiempo de lluvias, pues la combinación del agua que cae del cielo con el agua sucia agrava este problema".

Se nos informó que el presidente municipal de Santiago Miahuatlán, Luis Flores Rodríguez, había concedido el permiso de uso de suelo para la instalación de un biodigestor, aunque la empresa instaló dos, con el objetivo de "evitar la contaminación" y generar gas.

Un biodigestor mide lo mismo que una cancha de futbol soccer, es decir, 7 mil 200 metros cuadrados, y tiene una altura de 2.5 metros. Dos geomembranas llenas de 36 mil metros cúbicos de aguas sucias, con residuos fecales, desechos del destace de aves, se reventaron alrededor de la una de la mañana del sábado 15 de julio y una avalancha de aguas negras se precipitó por las calles de San Vicente Ferrer, inundando más de medio centenar de casas.

A esa hora, los vecinos despertaron y enfrentaron como pudieron la contingencia y aunque reportaron el daño a las autoridades municipales, y ante la falta de respuesta inmediata a la contingencia, al amanecer decidieron manifestarse en la carretera Federal a Orizaba para exigir que se presentaran las autoridades y, como es su obligación, intervinieran para ayudar a resolver el grave problema de la localidad de San Vicente Ferrer.

Aunque el representante legal de la empresa tuvo la disposición de indemnizar mediante la reparación de los daños en muebles y enseres domésticos a la población afectada, lo que no podría ser de otra manera, aún se está llevando a cabo el proceso de valoración de la magnitud de los perjuicios.

No obstante, la solución definitiva al problema todavía sigue pendiente. Pues en acuerdo con las autoridades municipales representadas por el Síndico Miguel Ángel Romero Calderón, dicen que van a realizar un estudio para presentar un dictamen técnico (¿?) que determinará si la permanencia de los biodigestores es un peligro o no para la población. ¡Vaya duda! Ni mirando atinan.

Esta postura de las autoridades municipales ha generado inconformidad de los pobladores pues manifiestan que los gobernantes deberían estar defendiendo a las familias afectadas por el grave daño que sufrieron y el peligro que ya no es latente, sino un hecho consumado y, por eso, exigen que se obligue a la empresa PATSA a erradicar de manera definitiva los biodigestores, única medida que aceptará la población.

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