Martes 12 de Septiembre de 2017 |
"No es que no puedan ver la solución, es que no pueden ver el problema." (Charles F. Kettering) En la entrega anterior comentaba que la agenda pública (la que define las prioridades de la sociedad en general) no necesariamente corresponde con la agenda de gobierno (la que se integra por los temas que el sector gubernamental determina resolver). Lo cual se puede identificar de forma más clara cuando tenemos, por un lado, a una opinión pública cada vez más demandante de la atención de tres asuntos prioritarios que le duelen como las muelas del juicio cuando va a consultar al dentista: corrupción, inseguridad, desigualdad; y por otra parte, a un gobierno federal que en el marco del V Informe de labores del primer mandatario de la nación, sólo incluye dos menciones con el término corrupción en un discurso de poco más de 7 mil palabras (lo que equivalió en tiempo a aproximadamente un minuto de lo expresado por el presidente Enrique Peña Nieto); y, en forma análoga a la metáfora del dentista, esto supondría hablar de una muela (la que sea) menos de una de las que en la realidad le duelen a la sociedad. Aunque el dolor sigue ahí. Hecho que analicé con estudiantes de Derecho y Ciencia Política, y de Relaciones Internacionales, ya que más allá de la numeralia oficial, detectaron en el mensaje político que dio el presidente de México el 2 de septiembre en Palacio Nacional, una versión optimista del balance de resultados de su gestión (reformas estructurales, crecimiento sostenido, mejora en la cantidad de empleos, menor pobreza y un horizonte de inversión que resulta positivo para México en el largo plazo). Lejos de la imagen de un país en crisis y con un presidente con la más baja aprobación en los últimos 4 sexenios. Por lo cual, se entiende que hubo un margen muy pequeño de autocrítica que ni siquiera fue necesaria en medio de la cantidad de aplausos de pie que recibió el presidente cuando expresó que "no aceptaremos nada que vaya en contra de nuestra dignidad nacional;" sin embargo, el gran ausente del discurso fue el combate a la corrupción. Entender el problema ayudaría en buena medida a buscar su solución porque ignorarlo no va a resolver la falta de legitimidad del gobierno; es como tener a un elefante sentado en la sala y fingir que no está ahí. El problema ahí está, pero si ni siquiera se reconoce, difícil será creer y confiar en que quienes deben buscar resolverlo efectivamente lo harán. Quienes no asuman que hay una crisis de legitimidad y representatividad en nuestro sistema político tendrán, si las tienen, limitadas alternativas para impulsar el cambio político que la sociedad exige de la función pública. La sociedad sí percibe el problema, incluso a los responsables y también la ausencia de una intención y voluntad política de los políticos para combatirlo. Ahí está el reportaje de La Gran Estafa, publicado después del V Informe por Animal Político y Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad. Un estudio comparativo sobre la ética en países miembros de la Unión Europea (Moilanen y Salminen, 2007, 53) demostró que el trabajo sobre la ética condujo a la reducción de la corrupción, lo que a su vez mejoró el crecimiento económico. Esto evidencia que los países que han impulsado la ética como una política de Estado demuestran que la ética pública funciona como control de la corrupción, hasta ser inherente a la gestión pública. Una ética pública implica una actuación responsable de los servidores públicos que administran recursos públicos, que además de cumplir con sus objetivos institucionales también orienten su conducta con valores, a fin de rendir cuentas de su actuación y conseguir la confianza de sus gobernados. Con ello, se conseguiría que la interacción entre gobernantes y gobernados, entre el gobierno y los ciudadanos, se acercara a una buena gobernanza, definida por el Banco Mundial como el "conjunto de tradiciones e instituciones por medio de los cuales la autoridad de un país se ejerce por el bien común."El organismo internacional estableció una serie de indicadores para medir la implementación de la agenda de buena gobernanza para proyectos de desarrollo, por lo que el banco condiciona y determina la estructura de un Estado para otorgar ayuda financiera y asegurar su buen uso. La política, la economía y las instituciones son los aspectos considerados a evaluar por seis dimensiones de gobernabilidad: 1) Voz y Rendición de Cuentas, 2) Estabilidad Política y Ausencia de Violencia, 3) Efectividad Gubernamental, 4) Calidad Regulatoria, 5) Estado de Derecho, 6) Control de la Corrupción. Siendo esta última dimensión no solo relevante para el interés público nacional sino claramente para los intereses generados más allá de nuestras fronteras. En este sentido, a poco menos de un año del último Informe de Gobierno de esta administración, se esperaría más que discursos, tomar decisiones en esta materia. De cara a la sucesión presidencial, la ciudadanía tendría que seguir insistiendo en poner el dedo en la llaga, hasta que no hablar de corrupción en las campañas políticas implique utilizar una estrategia electoral perdedora. Es urgente que se establezcan los límites al ejercicio del poder político. * Profesor de Tiempo Completo del Tecnológico de Monterrey@floresm_mx |
