En Puebla, los gobiernos, no importa el color o el signo, se han acostumbrado en los últimos años a actuar a la presión mediática
En Puebla, los gobiernos, no importa el color o el signo, se han acostumbrado en los últimos años a actuar reaccionando a la presión mediática y de eso que llamamos "la opinión pública" y en los últimos años, a la presión que se puede ejercer desde las redes sociales, aún con el altavoz de los medios y de eso que, aún hoy, seguimos llamando "la opinión pública". Desde los infames coscorrones a Lydia Cacho al asesinato de Agnes Torres (aún impune), pasando por el vergonzoso torrente de mujeres asesinadas (con tipo penal o sin él), que ha llegado a su culmen con Mara Castilla, el gobierno reacciona, no actúa. Reacciona distrayendo, reacciona limpiando desastres y tiraderos, reacciona cabildeando con la Corte o con el Congreso federal, reacciona castigando ante las cámaras, pero no con sentencias prontas, expeditas (y todas las cosas que dicen los papeles que debe ser la justicia) a los perpetradores. Y en el gobierno encuentran inexplicable que cada año el número de feminicidios aumente de manera exponencial. Con el de Mara tenemos el feminicidio 82 del año según el conteo del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC, en septiembre yarompimosel récord de todo año pasado. ¿Por qué el Congreso del estado premió con la Fiscalía a un procurador mediocre hace un par de años? ¿Y cuántos casos más de vergonzante actuación de los agentes investigadores tenemos que padecer para que las y los diputados reculen en su error político y coloquen en el cargo a un fiscal sólido, con respaldo ciudadano, pero también con presupuesto suficiente y herramientas para evaluar su desempeño? ¿Por qué en el sexenio anterior se sangró a la Fiscalía quitándole casi la mitad de su personal? ¿Con base en qué diagnóstico? Ahora le echan la culpa al Sistema Penal Acusatorio, cuando el gobierno morenovallista prácticamente no puso un peso para su implementación y para la capacitación de los agentes del Ministerio Público, ni dotó de recursos materiales para las nuevas formas de investigación y preservación de las pruebas. La ecuación perfecta para que la impunidad prive en el estado, es esa, y no hace falta ser un genio para darse cuenta. Pero hay que tener la cara muy dura para pensar que todo se resuelve corriendo a Cabify de Puebla. Hay muchas preguntas sin respuesta que le toca responder a la administración de Antonio Gali Fayad. Puedo contar un montón de historias de las que he sido testigo directo en las agencias del Ministerio Público, sobre cómo se integran las investigaciones, sobre cómo se protege a delincuentes o cómo se violan protocolos básicos para la atención, pero no, lo que hace falta no es un espacio catártico para narrar las anécdotas del terror, sino exigir una evaluación profunda, profesional, seria, imparcial, de los mecanismos que la n, los sistemas de seguridad, de prevención y de atención, tienen; una evaluación que incluya, más allá de los exámenes de confianza (que ya vimos que sirven para dos cosas), el nivel de eficacia y eficiencia de las y los servidores públicos que se encargan de la procuración de justicia y de la representación de las víctimas. Cruzado por el presupuesto, por la carga excesiva de trabajo de cada servidor público y entender cómo eso, la precariedad, tiene otro costo muy alto: la corrupción. Un indicador muy sencillo es la tasa de crecimiento del delito feminicidio desde su tipificación a finales de 2012 hasta el día de hoy, cruzado por los presuntos culpables presentados ante los juzgados, cruzado con el número de sentencias usando el tipo penal, no hay truco ni ciencia, el resultado es el esperado: impunidad. ¿De qué nos sirve una Fiscalía y un Tribunal que, en su colapso, sólo mantiene en la impunidad a los feminicidas y sus cómplices y trata con indolencia a las víctimas no sólo de feminicidio sino de violencia de género? La concatenación de inacción y de nula separación de los tres poderes en Puebla conformando un gobierno reactivo ante la realidad, inútil ante el sufrimiento, cómplice, por torpe, y rebasado. Tal vez sea que la justicia no reditúe votos, que el dinero para pagar más personal no se pueda desviar para imprimir libelos, que la vida de las mujeres no se políticamente rentable. O sólo les falte leer las leyes en la materia y hacerlas valer. ¿Cuántas Agnes, Karlas, Sarahís, Paulinas, Maras más necesitan los gobernantes para actuar de veras? ¿Cuántas para que desde la ciudadanía nos organicemos ampliamente para exigir un piso mínimo de acción? Ahora mismo hay cientos de familias buscando a sus desaparecidas o llorando de impotencia porque a pesar de señalar a los culpables, éstos siguen libres. ¿Cuál es el mensaje para ellas, señor gobernador? |
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