Mara y la responsabilidad del Estado
El homicidio en sí mismo es la conducta más aberrante que puede cometer una persona. Lo es porque en el fondo implica el menosprecio del otro como igual; implica desconocer que la otra persona es persona y que como tal tiene ese derecho a existir, como lo tiene uno mismo; implica desconocer en el otro su humanidad; implica dejar de lado el más mínimo grado de racionalidad por parte de quien comete dicha conducta para comportarse como un animal que obedece a los más bajos instintos; implica desconocer el pacto social de armonía y convivencia en el que vive toda comunidad civilizada; implica sentirse superior al otro a tal grado de poder arrebatarle la vida; en pocas palabras, implica atentar contra el bien más preciado de cada uno, su vida.
En su afán de proteger este bien supremo, el Estado tipifica la conducta del homicidio como un delito y la sanciona con las penas más altas. La intención de la pena es la represión en concreto y la prevención en general. Con sanciones fuertes se pretende escarmentar a la ciudadanía para que no se repita ese tipo de conductas. El fiscal de Puebla ya afirmó que el culpable de la comisión del homicidio de Mara Fernanda Castilla recibirá al menos 60 años de prisión.
Desafortunadamente el derecho penal no pretende (no puede) resarcir el daño, pero ojalá el Estado muestre de una vez su brazo coercitivo, aquel con el que la sociedad lo hemos dotado para dar un mensaje a la ciudadanía que está ávida de recibirlo. Y es que el Estado tiene la obligación de investigar y castigar los delitos y debe de hacerlo de la manera más proba para dejar en claro que vivimos en un Estado de Derecho donde la norma se cumple y donde aquel que la infringe recibe la sanción más alta.
Pero aunque esto fuera así, una sanción ejemplificativa para el homicida de Mara es una medida correctiva de un problema de fondo más grave y que es justamente la ausencia de Estado de Derecho, de la impunidad que existe en nuestra sociedad, de la omisión por parte de la autoridad para evitar estas conductas. El caso de Mara como el de los 80 feminicidios que ya se cuentan en Puebla no debieron de haber ocurrido, o mejor dicho, no hubieran ocurrido si el Estado hubiera hecho la función principal para la que existe, garantizar la seguridad de cada uno de nosotros.
El reclamo social que se hace en Puebla, en todo el país y desde la comunidad internacional no es solo por el terrible caso de Mara, es porque el caso de Mara es la gota que derrama el vaso, y no es el feminicidio como tal, a secas, sino la falta de conductas preventivas y represivas por parte del Estado para combatir este tipo de conductas. Por eso está saliendo la gente a la calle, por el hartazgo de la sociedad ante la existencia de casos como el de Mara y la pasividad del Estado ante estos.
En resumen, el acto cometido en contra de Mara es lo más bajo y canalla que puede hacer una persona, pero el más culpable de todos no es quien resulte responsable, que claro que lo es, sino el Estado en mayúscula y en términos generales, entendiéndolo como ese Leviathán, como ese poder supremo al que todos nos sometemos para que nos garantice, al menos, nuestra seguridad, y que al no hacerlo, ha perdido toda razón de ser…
