“Yo no lo sé de cierto, lo supongo”
Esta frase del gran poeta Jaime Sabines, viene a mi mente cuando escucho las noticias sobre la probable comisión de actos de corrupción por parte de algunos exgobernadores. Los exgobernadores de Veracruz (2010-2016), Quintana Roo, (2011-2016), Chihuahua (2010-2016), Nayarit (2011-2017), por mencionar a los que ya están sometidos a proceso, tienen las siguientes cosas en común; sus gestiones ocurrieron casi en los mismos años, fueron propuestos por el mismo partido político, en sus estados hubo alternancia al final de su gestión, y los cuatro están sometidos a proceso. Aunque no se pueda saber de cierto, es válido suponer que además compartían la certeza de que no serían investigados durante su gestión y que al concluir la misma tendrían el cobijo de su sucesor que, como tradicionalmente se había hecho, ellos mismos impondrían.
El que un gobernador cometa actos de corrupción tiene las mayores repercusiones por el efecto multiplicador que provoca. Si un gobernador es corrupto, además de distraer su atención lejos de los proyectos importantes para el estado, impide que exija honestidad a sus secretarios y estos a su vez a sus sub secretarios y directores generales. Los directores generales además se verán imposibilitados para exigir honestidad a todos aquellos que atienden la gestión de trámites de toda índole. Es decir, si la corrupción entra desde el palacio de gobierno del estado, florecerá como la maleza en clima tropical.
Pero si el efecto multiplicador funciona en un sentido, también funciona en el sentido contrario. Si se logra imponer los candados suficientes para inhibir a un gobernador de cometer actos de corrupción, éste a su vez tendrá la autoridad moral para exigir honestidad al resto de la estructura. Uno de esos candados que propongo es que en el futuro se haga corresponsable al partido político que postule a un gobernador que cometa actos de enriquecimiento ilícito o asociación delictuosa. No me refiero a hacerlo corresponsable penalmente, pero sí establecer en la ley de procesos electorales para que aquel partido que haya postulado a un gobernador que cometa actos ilícitos, no pueda postular candidatos para el siguiente periodo de gobierno. ¿Cómo es que este candado inhibiría la comisión de actos ilícitos por parte de un gobernador? En primer lugar, rompería con ese esquema en el que los gobernadores apoyen en campañas políticas a cambio de poder actuar a su libre albedrío. En segundo lugar, el partido político vigilaría y exigiría al gobernador apegarse a la legalidad para no perder la oportunidad de contender por ese estado en el siguiente periodo. En tercer lugar, el gobernador perdería la certeza de poder intervenir en el proceso electoral de su sucesor para imponer a alguien que le encubra y proteja.
El gran reto de esta propuesta es contar con la evidencia para poder aplicar esta regla. Las probabilidades de que un gobernador sea sentenciado por actos ilícitos durante su gestión es muy baja, es decir, difícilmente habría una sentencia para entonces poder impedir a su partido contender para el siguiente periodo. Tampoco podemos apelar a las auditorías pues como es bien sabido, éstas en general no han sido eficientes en evidenciar cuando algún gobernante, que cuenta con el respaldo de las instituciones, está haciendo uso indebido del erario. La ley tres de tres tampoco ayuda mucho, pues como se ha estado revelando, los mandatarios utilizaban una amplia red de prestanombres para no evidenciar la apropiación del recurso.
Es por ello que la supervisión de la gestión pública tiene que involucrar más a la sociedad civil. Pienso en un comité compuesto por universidades, cámaras y organismos no gubernamentales quienes evalúen cada año un par de proyectos estratégicos al azar. Si este comité encuentra que existe malversación de recursos en los proyectos evaluados, basados en un conjunto de indicadores previamente definidos, le notifica al INE para que este registre una nota de advertencia al partido político en esa entidad. A la tercera nota de adversidad que reciba el partido político, automáticamente queda imposibilitado de contender por la gubernatura en el siguiente sexenio.
Si me preguntan si esta propuesta es sólo para los cargos de gobernador diría que no lo sé de cierto, pero supongo sería cerrarle una puerta muy importante a la corrupción que tiene altos efectos multiplicadores.
