Martes 24 de Octubre de 2017 |
"Soy un hombre de leyes. Creo en el Estado Constitucional de Derecho." Santiago Nieto En días pasados, ocurrió un hecho que no es menor en el momento político que estamos viviendo en el país, enmarcado en una ola de escándalos de corrupción política y los últimos datos que apuntan que este problema público al parecer ha empeorado, de acuerdo con los resultados del Barómetro Global de la Corrupción, de Transparencia Internacional (2017).Según este estudio, el soborno es una acción habitual para muchas personas de América Latina y el Caribe que necesitan acceder a servicios básicos; y en los 20 países sondeados de la región, más de 90 millones de personas pagaron sobornos en los últimos 12 meses. Esto es, casi una de cada tres de las personas en estos países. Siendo México el país más corrupto, ya que más de la mitad de los mexicanos reconocen que han sobornado a autoridades en el último año para acceder a servicios públicos básicos. Hecho lamentable que ahora nos tiene particularmente atentos a un caso en el que justamente es un escándalo de corrupción política relacionado con un supuesto soborno lo que pone en una situación muy delicada a las instituciones y al funcionamiento democrático en el país. Hace pocos días, el hoy exfiscal Especializado en la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Dr. Santiago Nieto Castillo, fue removido de su puesto por el encargado de la Procuraduría General de la República (PGR) y subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán. El motivo, explicó el funcionario, debido a que el exfiscal habría violado el Código de Ética y los principios del debido proceso, de conformidad, con lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley Orgánica de la dependencia. Lo cual es por decir lo poco, una decisión política cuestionable, ya que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, supuestamente le habría pedido recientemente al exfiscal un pronunciamiento público sobre su inocencia en el caso de corrupción Odebrecht. Sin embargo, el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece que es el Senado el que nombra y puede objetar la destitución de los funcionarios tanto de Fiscalía Anticorrupción, como de la Fepade; como el contrapeso al Poder Ejecutivo que es. Por lo tanto, le corresponde a este definir si es correcta o no la destitución de un fiscal tan importante de cara al proceso electoral que está en curso. Es insuficiente la explicación ofrecida por el encargado de despacho de la PGR, particularmente, cuando en agosto, el ahora ex fiscal anunció que había abierto una línea de investigación relacionada con el caso Odebrecht, en la que se averigua que funcionarios de Pemex, entre ellos el entonces titular, Dr. Emilio Lozoya, habrían recibido más de 10 millones de dólares como soborno, a cambio de contratos con esta empresa pública. Lo cual se basa en testimonios de testigos de Odebrecht que han estado denunciando que parte de estos recursos fueron a dar a la campaña presidencial del PRI en 2012. En estas circunstancias, la remoción es particularmente preocupante que ocurra a unos días de haber iniciado el proceso electoral, ya que la ausencia del titular de la Fepade pone en riesgo la persecución de los delitos en esta materia, como la compra del voto. En un sistema democrático, una institución de esta naturaleza, no sólo debe tener capacidades efectivas, sino autonomía e independencia para combatir la corrupción en materia electoral, por lo cual, es destacarse que esta destitución no solo refleja una vulneración al Estado de Derecho, sino también al desarrollo de las próximas elecciones. En este sentido, la remoción del fiscal encargado de investigar los delitos electorales, en pleno proceso electoral, ha desatado una ola de reacciones y rechazo en la opinión pública, que la ha interpretado como una venganza política; y en los partidos de oposición, como una medida de corte autoritario, anunciando que buscarán que la mayoría del Senado lo restituya en el cargo. Lo que ya circula en redes sociales y ha dado la vuelta al mundo. En resumen, la corrupción más que un problema cultural, es un problema de instituciones, de cultura de la legalidad, de respecto al Estado de Derecho. Por lo tanto, el mayor reto del gobierno mexicano, de su entramado institucional, será demostrar que ninguna persona es intocable, que la ley aplica para todos y que no habrá actos de corrupción que queden impunes, si este fuera el caso. Al tiempo… @floresm_mxinfo@reconstruyendociudadania.org*Profesor de Tiempo Completo del Tecnológico de Monterrey |
