Uber se movilizó digitalmente, activó con sus socios una campaña de apoyo y pidió a sus usuarios sumarse en contra de la reforma legislativa
En el día decisivo, Uber se movilizó digitalmente, activó con sus socios una campaña de apoyo y pidió a sus usuarios sumarse en contra de la reforma legislativa que plantearía mayores candados en su operación. Buscó con ello imponer sus condiciones y amagó al Estado y al Poder Legislativo con la suspensión de su servicio. Lo logró. Uber se queda en Puebla. Bastó su activismo digital y su fuerte arraigo en el mercado poblano, donde 150 mil personas se benefician de su servicio con pagos en efectivo. Creció a niveles mayores: sí, por un lado con la innovación que representó para los poblanos la llegada de un transporte ejecutivo en redes, pero también por las omisiones de la autoridad que permitieron su expansión a pasos acelerados en poco más de dos años. Ese tiempo le permitió a la empresa de origen estadounidense favorecerse, primero, del silencio de las autoridades que hicieron caso omiso a su llegada para adelantarse a una regulación, y segundo, de los vacíos legales que le otorgaron la oportunidad de cobrar en efectivo sin cubrir compromisos fiscales. El llamado llegó tras las inconformidades de grupos de taxistas tradicionales que observan la expansión del mercado para Uber. ¿Que el gobierno se doblegó ante una empresa privada? La realidad es que sí. Uber avanzó y ganó sin exigencia de una licencia mercantil. De nueva cuenta, un privado vino a enseñar cómo avanzar en el aguerrido ambiente de negocios en México frente a las débiles instituciones públicas. Las omisiones en las que se incurrió en el caso Uber en Puebla abarcan el mercado y revelan porqué esta firma logró avanzar. Un país donde las compras digitales son reflejo de robo de identidad e inseguridad, obliga a que el acceso a este servicio sea vía pago en efectivo. Si hablamos de que la radiografía del sistema bancario y productos financieros en Puebla presenta un nulo crecimiento y rezago frente a otras entidades del país, era lógico entender porqué Uber tenía que cambiar el giro de cobro a partir de marzo de este año, dando facilidad a miles de usuarios. Vamos de nuevo: el mínimo alcance a la banca por parte de los poblanos -hablamos de casi 52 por ciento del territorio poblano que carece de sucursales bancarias (datos de la CNBV a julio 2016)- llevan a que Uber, con toda la fuerza que se le ha dado, pueda señalar que con la iniciativa del gobierno poblano se le cierra las puertas a más de 320 mil ciudadanos. Ahora, ¿en verdad es una economía colaborativa? Hablamos de que reúne socios sí, pero sin garantías de colaboración empresarial real; cuando se les decomisaron autos, nunca recibieron apoyo por parte de su empresa; cuando se encuentran involucrados en algún accidente o problemas con el usuario, no reciben atención por parte del cuerpo administrativo. ¿Dónde recae entonces la llamada economía colaborativa si ésta implica un modelo con intercambio de inversión, bienes o recursos a través de la tecnología? Analicemos: el socio Uber es una figura independiente sin garantías de Ley en materia laboral, un beneficio claramente para el patrón que defiende la libertad de los choferes como algo que todo trabajador actual busca si considera el trabajo por plataformas digitales. La situación es que la flexibilidad laboral con que operan los socios Uber es ya un tema de discusión en Europa, incluso ha llevado a Uber en Estados Unidos a considerar su esquema de funcionamiento donde existen ganancias por el trabajo de los choferes, sin embargo, se les clasifica como trabajadores autónomos, sin acceso a seguridad social y demás prestaciones de ley. Un nuevo tema a discutir. *Jefe de información de El Popular, diario imparcial de Puebla / @Luz_HernandezG / informacion@elpopular.org |
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