La fiscalía de Puebla, tan funcional al gobierno y tan inútil para la sociedad
Si a nivel federal el panorama de la procuración de justicia es desalentador, en nuestro estado, la crisis en esta materia ha llegado a niveles inimaginables y podríamos decir que de escándalo.
La procuración de justicia poblana se encuentra en una crisis sin precedentes. Las evidencias sobran, el aumento de los feminicidios ha sido exponencial; de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tan sólo en este año se han cometido 83 de estos delitos. Por otra parte, uno de los motores centrales del incremento de la violencia es la creciente industria del huachicol. Entre 2011 y 2015, el número de tomas clandestinas a los ductos de Pemex creció 915 por ciento en el estado. En 2016, se encontraron más de mil 300 puntos de ordeña.
De acuerdo a datos de diversas organizaciones civiles como Impunidad Cero, dedicada a revisar el ejercicio de las procuradurías y fiscalías en México, Puebla se ubicó en el tercer lugar con el peor desempeño en el país, esto después de evaluar la atención de las personas, el esclarecimiento de los hechos denunciados, los resultados y la percepción ciudadana, entre otros indicadores.
Un aspecto fundamental para evaluar el desempeño de las procuradurías es la capacidad de respuesta, la efectividad en la resolución y esclarecimiento de los asuntos que les son planteados. Puebla se encuentra entre los últimos lugares evaluados, así como la efectividad en la resolución de averiguaciones previas, la mala capacitación en el personal encargado de recepción y atención a usuarios, la efectividad en determinación en carpetas de investigación, la poca eficacia en la resolución de dichas carpetas, etcétera.
Pero ahí no acaba la cosa. Integrantes de la sociedad civil, activistas de derechos humanos y abogados, han manifestado en reiteradas ocasiones la descomposición en la que se encuentra la Fiscalía General del Estado de Puebla. En la pasada administración estatal, los niveles de impunidad aumentaron exponencialmente. Hablamos del aumento de corrupción, ineficacia y de delitos inventados a gente para justificar el trabajo de su Fiscalía.
A decir de defensores de derechos humanos y litigantes es prácticamente imposible que estos puedan cumplir con su trabajo. La violencia y las amenazas a las que se enfrentan han profundizado a niveles graves la posibilidad de que un delito se resuelva conforme a derecho, que un imputado tenga una defensa oportuna y transparente, y que la ciudadanía cuente con autoridades capaces de defenderla.
En indispensable una transformación profunda de la Fiscalía, en donde exista transparencia y profesionalismo. La policía tiene que ser verdaderamente científica, dotada de adelantos tecnológicos, de servicios periciales de excelencia, pero sobre todo, debe ser honesta. También es indispensable que tengan la capacitación del llamado nuevo Sistema de Justicia Penal.
Mientras magistrados, jueces, ministerios públicos y policías sigan "investigando" por consigna, nunca podrá existir una verdadera impartición de justicia. De la misma forma, de nada sirve un sistema garantista si quienes lo aplican no están capacitados y siguen actuando conforme al esquema anterior o por consigna.
Tampoco es suficiente tener un Fiscal que sea nombrado por un Congreso a propuesta de un gobernador si ésta no garantiza la imparcialidad y la autonomía. La sociedad poblana merece una verdadera impartición de la justicia.
