Si en estos momentos estuviéramos en un mapa de nuestro estado y por cada delito grave pusiéramos una etiqueta roja, Puebla aparecería como un páramo teñido de rojo.

En Puebla se ha instalado un escenario caracterizado por el incremento de varios fenómenos delictivos. Lamentablemente, donde uno fije la mirada, la nota roja salta a la vista. Me refiero, entre otros, al incremento en los feminicidios, a los robos y violaciones en el transporte público, a los atracos de combustible en los ductos de Pemex, a los asaltos a los trenes y al escandaloso aumento en el número de ejecutados. Puebla está en los medios de comunicación nacional por la ola de violencia que se ha incrementado ante la pasividad de las autoridades estatales y municipales.

De esta larga lista de delitos, en esta ocasión enfatizamos el tema de los ejecutados, porque el aumento de estos crímenes se localiza, al menos sus partes más importantes, en dos hechos recientes en nuestro estado. Por un lado, los enfrentamientos cada vez más sanguinarios y numerosos entre bandas de huachicoleros;por otro lado, en la llegada a Puebla de cárteles del narcotráfico.Existen datos aportados por diferentes fuentes periodísticas que dan cuenta de este fenómeno, por ejemplo, recientemente el escritor y columnista, Héctor de Mauleón, dedicó su columna a la llegada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al territorio poblano.

Nuestra sociedad ve a sus autoridades paralizadas y filtradas por la corrupción, no se explica el robo a combustible sin la complicidad y protección de funcionarios de Petróleos Mexicanos y de autoridades municipales. Por autoridades incapaces,Puebla se ha convertido en un territorio en disputa para bandas del crimen organizado.

La experiencia reciente indica que cuando las autoridades han asumido una estrategia de ignorar los hechos o minimizarlos, de intentar controlar la información o bien, de caer en la simulación con acciones cosméticas, los problemas han llegado a niveles inimaginables y de terribles efectos para la sociedad.

Exigimos que las autoridades asuman de manera contundente y eficaz su responsabilidad. Necesitamos de manera urgente honestidad y capacitación de policías, jueces y ministerios públicos, para poder enfrentar los altos niveles de violencia en la que se ha profundizado nuestro estado.

En primer lugar,las autoridades de manera puntual deben aportar las cifras reales del número de ejecutados y de las víctimas de otros delitos, como los feminicidos. También, resulta indispensable que se coloquen a personas profesionales, y con independencia del gobierno en turno, al frente de la policía y de la procuración de justicia; de igual forma, debe de integrarse con una amplia participación de la sociedad y de expertos un plan integral para enfrentar la inseguridad en nuestro estado.

Puebla ya no puede más. La impartición de justicia real, eficiente, honesta y con autoridades capacitadas, debe ser la prioridad en las acciones de gobierno.