Desde hace años, a los poblanos nos han socavando uno de nuestros derechos fundamentales, me refiero al acceso al agua potable. Se trata de un derecho humano fundamental, reconocido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde 1948. Sin embargo, este derecho paulatinamente ha sido arrancado de las manos de los poblanos.

Desde 2012, la Ley del Agua del Estado de Puebla ha permitido que la privatización del suministro de este vital líquido, ya sea a través de la operación directa o indirecta de entes privados en la prestación de este servicio público.

Si bien dicha ley posibilita que los operadores pueden ser organismos descentralizados, desconcentrados o empresas de participación estatal o municipal y prevé la participación de los sectores social y privado en el suministro de agua potable, por la vía de los hechos, la realidad -y lo que varios medios de comunicación, organizaciones sociales y académicos han identificado y denunciado- es que sólo unas cuantas empresas son las beneficiarías.

Inclusive, en la actual administración se intentó ir a fondo en la privatización del agua. El 6 de enero de este año, en lo que intentó ser un albazo de inicio de año, el Congreso aprobó modificaciones a la Constitución poblana en donde pretendía privatizar de manera total el servicio de agua potable. Digo pretendía, porque esta privatización total no se llevó a cabo, ya que 13 municipios promovieron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para revertir este albazo.

En este contexto, debe mencionarse que en el municipio de Puebla y parte de su zona metropolitana, el suministro de agua ya fue privatizado desde octubre de 2013 y su distribución opera a través de un modelo de negocios que beneficia a unas cuantas empresas que funcionan con poca transparencia y de manera discrecional. Por lo tanto, resulta indispensable revertir estas acciones que representan nichos de corrupción de los cuales algunos cuantos han obtenido grandes beneficios.

Toda la sociedad tiene derecho acceder a agua potable, limpia, en cantidad y calidad suficiente, indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros garantías básicas, como el correspondiente a la alimentación.

Es deber de las autoridades garantizar el acceso de todos al agua potable. La disponibilidad de este recurso es un componente esencial del desarrollo socioeconómico y la reducción de la pobreza, porque el agua es un bien público fundamental para la vida y la salud.

En Puebla, resulta también imprescindible la necesidad de mejorar la gestión y el aprovechamiento del agua para enfrentar la creciente competencia por su uso múltiple, en particular debido al incremento de la demanda de agua en los municipios con más concentraciones urbanas, así como en la agricultura de riego y para la generación hidroeléctrica, lo que se ha agravado por los problemas crecientes de contaminación del agua y el efecto del cambio climático.

* Senador de la República