Luz verde para continuar con el espionaje electrónico de masa en Estados Unidos

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La Cámara de Representantes acaba de aprobar la renovación de una disposición legislativa que otorga extensos poderes de vigilancia al gobierno de Estados Unidos. A pesar de su carácter controversial, el documento pasó con relativa facilidad la primera etapa del proceso en el Congreso y se prevé que correrá con la misma suerte en el Senado la semana que viene.

La ley FISA (Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera, por sus siglas en inglés) fue aprobada en 1978. En 2008 se le agregó la sección 702, que autoriza la intercepción de comunicaciones en línea por parte de agencias como el FBI o la NSA. En el verano de 2013, Edward Snowden causó un gran revuelo a nivel internacional al divulgar documentos confidenciales que describían los recursos técnicos detrás de esta labor de recolección de información a gran escala: los servicios de inteligencia habían intervenido los cables submarinos, verdaderas autopistas digitales. De manera complementaria, habían obligado a los gigantes del Internet, como Google, Facebook o Microsoft, a entregarles información sobre sus usuarios.

En teoría, esta recolección de datos solamente puede apuntar a personas extranjeras, pues los ciudadanos estadounidenses y los residentes gozan de la protección constitucional brindada por la Cuarta Enmienda. En virtud de ella, ninguna investigación policiaca puede ser dirigida contra un nacional o un residente sin la existencia previa de una "causa probable".

En la práctica, los medios técnicos movilizados captan todas las informaciones, sin importar si son de nacionales o extranjeros. Las autoridades lo reconocieron oficialmente pero defienden esta práctica señalando que un filtro separa los datos de los nacionales de los datos de los extranjeros. Este argumento es de poco peso, por varias razones.

Primero, como lo admitieron los mismos directores de los servicios de inteligencia, es común que la nacionalidad de un internauta (o su estatus como residente legal en el país) no se pueda conocer de manera instantánea: en casos como estos, el filtro se vuelve inoperante. Paradójicamente, determinar el estatus de la persona requeriría cosechar más datos sobre ella, lo que causaría una intrusión todavía mayor en su privacidad.

Segundo, las comunicaciones entre un extranjero y un estadounidense sí se conservan y los servicios de inteligencia pueden consultarlas sin necesidad de una orden judicial, lo que para el nacional constituye una violación del derecho proclamado por la Cuarta Enmienda.

Y tercero, aunque exista un tribunal creado especialmente para este fin, el mecanismo de supervisión de la implementación de la sección 702 de FISA es extremadamente débil: en la práctica, desde su computadora de trabajo los agentes gozan de un acceso ilimitado a una base de datos cuyo alcance rebasa por mucho lo que la ley está autorizando de forma explícita. Hasta tal punto que se reveló que varios analistas han aprovechado esto acceso para espiar a sus parejas sentimentales, actuales o pasadas. (Para quien quiera más información sobre este punto, la palabra clave LOVEINT resultará muy útil en cualquier buscador).

La vigencia legal de la sección 702 de FISA iba a expirar al final del año 2017: en diciembre el Congreso aprobó una prórroga por unas cuantas semanas y lo que se está discutiendo ahora es una extensión para los próximos seis años. 

Numerosas organizaciones de la sociedad civil (como, entre muchas otras, la Electronic Frontier Foundation) han tratado de llamar la atención acerca de las profundas implicaciones de esta ley sobre la vida privada de los estadounidenses. Lamentablemente, cuentan con un argumento adicional desde el año pasado: esta situación, de por sí preocupante en una sociedad que pretende ser liberal y democrática, es más alarmante cuando se tiene en cuenta las características de quien encabeza ahora el país.

A modo de conclusión, este tema permite resaltar tres puntos interesantes.

Primero, esta vez esta decisión inminente poco tiene que ver con el actual presidente: la sección 702 de FISA existía mucho antes que tomara sus funciones y está a punto de ser aprobada gracias a votos favorables provenientes de ambos lados del escenario político.

Segundo, si bien muchos se han escandalizado ante las violaciones rutinarias que permite esta disposición a la privacidad de los ciudadanos o residentes de Estados Unidos, pocos se han preguntado lo siguiente: ¿realmente este actuar por parte de Washington deja de ser un abuso cuando está dirigido contra personas extranjeras?

Tercero, el proceso legislativo en curso en Estados Unidos, así como otros escándalos de vigilancia en países como el nuestro, fueron recibidos con una relativa indiferencia. Esta reacción de aparente desinterés es reveladora de la tendencia actual, consistente en la normalización y la aceptación gradual de las medidas que atentan contra la privacidad de todos y cada uno de nosotros. Parte de la explicación de esta apatía radica en la aparente fuerza del argumento "no tengo nada que esconder". Una aseveración que sin duda merecerá ser examinada en una próxima columna.

 

* Profesor de tiempo completo del Tecnológico de Monterrey en Puebla, en la carrera de Relaciones Internacionales

bmichalon@itesm.mx

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de El Popular, diario imparcial de Puebla

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