Gasto público en transparencia y combate a corrupción: ¿es la solución al problema?

Hace unos días se presentaron los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción, que cada año publica Transparencia Internacional, con resultados no tan positivos para México, pues no sólo descendió un lugar en el indicador, para ocupar la posición 135 de 180 países, sino que en medio de la cantidad de escándalos que se han revelado de servidores públicos y actores políticos, genera la apreciación de que los resultados no mejorarán el próximo año.

Me parece importante resaltar que este indicador no se enfoca en las políticas públicas o esfuerzos de un gobernante por implementar (o no) una ley, una política pública o un programa social, tampoco analiza si estas son adecuadas para enfrentar el problema; más bien se centra en lo que opinan especialistas, empresarios, medios de comunicación y sociedad civil, así como en cifras que otras métricas arrojan para identificar la relación negativa entre inseguridad, violencia y corrupción. Si existen más extorsiones, amenazas, robos, secuestros, violaciones y homicidios… si existe temor fundado de transitar por algunos caminos, ante el miedo o por haber experimentado de manera directa alguna agresión, seguramente la sensación de inseguridad se vinculará con la corrupción de alguna autoridad.

En la formación de abogados y otros profesionistas de las ciencias sociales, una materia que suele incluirse es el estudio al derecho fiscal o financiero, para identificar las fuentes de ingresos, el patrimonio, los gastos y las decisiones que se implementan desde los gobiernos, para crear y cobrar contribuciones, contratar créditos públicos y gastar el patrimonio público. La Constitución es clara en establecer, en el artículo 31 que contiene las obligaciones de los ciudadanos, una en particular, que es precisamente contribuir con los gastos públicos, de acuerdo con principios como la legalidad, proporcionalidad y equidad: esta es la base de la obligación de pagar impuestos como el IVA, el ISR, el predial, las contribuciones a los servicios de agua, alumbrado, etc. Por otro lado, surge el derecho del estado a gastar los recursos recaudados, en la atención a las necesidades de la sociedad.

Sin duda, es necesario destinar recursos públicos para implementar acciones en materia de Transparencia, rendición de cuentas, acceso a información, protección de datos personales y por supuesto en el combate a la corrupción; de hecho una de las recomendaciones de Transparencia Internacional consiste en que los países que ya cuentan con legislación en la materia, como es nuestro caso, deben enfocar sus esfuerzo en implementación de acciones que otorguen seguridad, certeza jurídica, sobre todo voluntades encaminadas a proteger la libertad de expresión, a permitir disidencias políticas, a disminuir el miedo a la represión y violencia.

Plantear en un salón de clases la importancia del derecho fiscal y del derecho presupuestario, así como su relación equilibrada para alcanzar finanzas sanas, es un mundo teórico parece labor más sencilla, que su estudio en el mundo práctico. Por ejemplo, un empresario no invertiría sus ahorros en un proyecto nuevo, sin tener una proyección del tiempo en que recuperará su inversión, los riesgos que pueden existir, la competencia de otros a su alrededor, así como si el producto o servicio que va a ofrecer, será bien recibido para garantizar excelentes ventas… sin embargo, en el sector público, el análisis financiero parte de la idea de un equilibrio entre lo que se ingresa y lo que se espera gastar, con la dirección que otorga un Plan de Desarrollo, sin considerar si efectivamente sus resultados serán los mejor percibidos por la sociedad; para muestra, está el caso del combate a la corrupción y la promoción al principio de transparencia.

Durante el sexenio actual, la situación del organismo garante nacional, INAI, refleja la evolución de las reformas Constitucionales y la creación de Legislación General que han impactado en su estructura jurídica, así como el incremento de las asignaciones presupuestales en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, se han destinado 5,063 millones de pesos, lo que en comparación con los 2,654 millones de pesos erogados en las dos administraciones anteriores representa el 65.60% del total de gasto durante 14 años de existencia del órgano garante nacional. En adición, este ejercicio fiscal incorpora en el PEF, una partida contenida en el Anexo 5 Compromisos Plurianuales, con el monto de 94.89 millones de pesos, para que el INAI ejerce la contratación del servicio de centro de datos para hospedaje de la Plataforma Nacional de Transparencia identificado con la clave ACT-PUV/11/10/2017.09, así como la autorización plurianual para la contratación del Seguro Colectivo de Retiro a favor de los servidores públicos del Instituto para los Ejercicios Fiscales 2018, 2019 y 2020.

Por otro lado, en 2018 se incluye el Anexo 20 "Recursos para la Prevención, Detección y Sanción de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción, así como para la Fiscalización y Control de Recursos Públicos", integrado por 10,400 millones de pesos, cifra histórica no sólo por el monto total, que en un solo año supera las asignaciones en un 34% de las que ha recibido el INAI en toda su existencia, sino que representa la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, incluyendo entre los ejecutores de gasto a la totalidad de Secretaría de Estado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los Tribunales Electorales, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, así como recursos adicionales al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, considerando también a los Integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, es decir: la Auditoría Superior de la Federación, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, y al propio INAI con recursos por 45 millones de pesos.

La información oficial, revela que la administración de Enrique Peña Nieto es la que más gasto público ha destinado, en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como en combate a corrupción, sin embargo, en la percepción ciudadana el dinero público destinado a estas necesidades, no permean para revertir los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción, que nos ubican en la posición 135 de 180 país, lo que convierte a este país en el peor evaluado tanto del grupo G20 como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), mucho menos para resolver de fondo, la inseguridad con la que día a día, los ciudadanos de este noble país buscamos salir adelante.

Transparencia Internacional, Índice de Percepción de la Corrupción, 2017.