La despenalización del gas pimienta como aceptación de la inseguridad en el estado
El tránsito diario en las calles de Puebla se ha convertido en todo un albur en cuanto a seguridad
La despenalización del gas pimienta y algunos otros artefactos de defensa personal, resulta ser la aceptación total de la necesidad de protección que impera hoy en día. El tránsito diario en las calles de Puebla se ha convertido en todo un albur en cuanto a seguridad, a tal grado que el gobierno mismo ha reconocido la necesidad social de mantenerse protegido a través de artefactos que en ocasiones pasadas se consideraban como no legales. Ahora bien, ¿acaso la seguridad del Estado no compete al propio Estado? Dentro de los bienes tutelados por nuestro Estado de Derecho se encuentra precisamente la seguridad y protección del ciudadano, entonces, si esto deontológicamente sucede así, ¿Por qué en la realidad se está aprobando la legalidad del gas pimienta? Es muy cierto que con fundamento constitucional, toda persona tiene derecho a poseer o portar armas siempre y cuando estén legalmente registradas y cuenten con los permisos ante autoridad competente. Sin embargo, ¿podría entonces considerarse al gas pimienta como arma? De ser así, lo establecido en el artículo décimo Constitucional es aplicable en todos sus aspectos a este artefacto. Independientemente de lo anterior, el foco de interés que nos ocupa en esta redacción es la facultad que se está concediendo al ciudadano para intervenir en su defensa, ya que, el propio derecho indica que nadie puede hacer justicia por su propia mano, toda vez que dicha tarea se reserva o mejor dicho se reservaba al Estado. Por consiguiente, pareciera que el Estado buscara evitar responder ante la impunidad de tantas agresiones sufridas a causa de la inseguridad, facultando al ciudadano para que actúe en legítima defensa. Por otra parte, se debe recordar que son tiempos decisivos en donde los partidos políticos, las negociaciones y las acciones político electorales se ven inmersas en un sinfín de acuerdos y promesas que al cumplirlas se cae en lo absurdo. Es cierto, que toda persona tiene derecho a poseer armas para su legítima defensa, y este derecho no parte de la despenalización del gas pimienta, sino de la propia constitución, en tanto, es presumible conforme a la lógica que la portación del gas pimienta y su legalidad se derivan de un derecho superior y no meramente del reconocimiento del derecho local. Las personas, los ciudadanos y habitantes del Estado Mexicano merecen intervenciones legislativas mucho más profundas y acordes con la realidad. Tal vez sea cierto que la portación del gas pimienta te permita sentirte más seguro, pero no habría necesidad de acudir a dichos artefactos si el Estado cumpliese con su obligación de proteger y garantizar el derecho a la seguridad, derecho que debería estar tutelado doctrinal y materialmente por el Estado mismo. Y es que en estos tiempos es muy común que las acciones gubernamentales, sin importar de qué poder se está hablando, se encuentren afectadas de manipulación masiva con la intención de enaltecer el partido al que se pertenece o denigrar al oponente. El detalle de esta situación radica en que los ciudadanos deben mantenerse con un criterio amplio, crítico y sabedor del contexto y factores que influyen en la materia. En tanto, que la manipulación en masa no puede practicarse si las mentes se encuentran despiertas y sedientas de corroborar la veracidad, viabilidad, legalidad del debido proceso judicial, legislativo o administrativo que deben seguir las iniciativas emprendidas, y demás proyectos que se vuelven virales por la publicidad manipulada o engañosa con la que se manejan. Pensar por ti mismo, no permitir que otros decidan en tu lugar y cuestionar todo lo planteado ante tu criterio, es parte de la obligación que tienes por el simple hecho de ser ciudadano o habitar en este país, no cedas esta facultad que te pertenece y corresponde a ti únicamente, no copies la actividad ligera del gobierno, mejor mantente crítico y tal vez en un futuro no lejano se podrán impedir legislaciones cuestionables en cuanto a su coherencia legal. *Profesor en el Tecnológico de Monterrey |
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