Miércoles 18 de Abril de 2018 |
La transparencia y la impunidad son caras de la misma moneda en nuestro país; por un lado encontramos la existencia de ordenamientos jurídicos relativos a garantizar el derecho humano de la transparencia y el acceso a la información pública en México, y por el otro encontramos un país sumido en la impunidad, ubicado dentro de las cinco peores posiciones en un contexto global de evaluación. La recuperación y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos y su manejo, es sin duda una de las grandes oportunidades del país en torno a la disminución del impacto ecológico y sobre todo, a la producción de nuevas formas de energía a través de procesos como la termovalorización y biodigestión. Sin embargo, la existencia de vertederos y rellenos sanitarios ilegales, la corrupción en torno a la recolección, traslado y disposición de dichos residuos en muchos modelos de gobierno municipal, hacen de esta oportunidad un grave problema ambiental y un daño al patrimonio gubernamental por el sobrecosto que se genera. La corrupción, el rezago social y la distribución inequitativa de la riqueza del país, hacen de los Bancos de Alimentos una real urgencia para tratar de minimizar el impacto de las carencias alimentarias en gran parte de la población. Con mediciones realizadas por el Conval, se estima que para 2016 existían 53.4 millones de personas en situación de pobreza y otras 9 millones más en pobreza extrema. La relación entre pobreza y corrupción pareciese ser difusa a primera vista, sin embargo, gracias a los datos proporcionados por el Banco Mundial así como por mediciones realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil como Mexicanos Primero, se sabe que la corrupción le cuesta a una familia promedio el 14% de sus ingresos; situación que se empeora con aquellas familias que reciben un salario mínimo al día, puesto que dicho sector ve mermado hasta 33 por ciento de sus ingresos en actos de corrupción. La corrupción y la impunidad le cuestan al país 480 mil empleos formales al año, de esta proporción se desprende la siguiente interrogante: ¿Cuántos jóvenes perderán su primera oportunidad laboral por culpa de estos fenómenos? Los jóvenes son el sector más vulnerable a ser trastocado por la corrupción, entendiendo que la proporción más alta de desempleo se encuentra entre personas de 20 a 29 años. Es necesario implementar medidas de manera inmediata para mermar los efectos de la corrupción e impunidad en el empleo pero también para incentivar a las empresas a contratar jóvenes, considerándolos con un verdadero potencial para el desarrollo del país. La violencia en cualquier de sus expresiones es un problema social grave, y la impunidad ante tal fenómeno sólo empeora la situación. Más de 47 por ciento de niños y niñas de entre 12 y 17 años en 2014 manifestaron haber sido víctimas de algún delito o maltrato según datos del INEGI, sin embargo, pocas acciones tendrán efectos reales y percibidos en la prevención y erradicación de esta problemática cuando apenas 7 de cada 100 delitos en México se denuncian ante las instancias correspondientes; situación que empeora cuando de esos 7 apenas 4 culminarán con una resolución a favor de la víctima. Ante tal situación, una de las primeras acciones es el fortalecimiento del modelo de valores en el hogar, mismo que se puede ver reforzado con la impartición de asignaturas específicas en las escuelas con la finalidad de materializar estas medidas de prevención y erradicación de la violencia. La participación activa de los padres de familia en el reforzamiento de valores, hábitos y actitudes positivas de sus hijos, representa una gran oportunidad para la reconstrucción del tejido social así como para la creación de cualidades cívicas que ayuden a combatir el fenómeno de la corrupción y creen cultura cívica para disminuir la impunidad. De lo anterior, la importancia de que los padres pasen más tiempo con su familia o bien atiendan situaciones escolares de sus hijos, sin que esto represente un castigo directamente sobre su salario. La corrupción y la impunidad son males que debemos empezar a revertir de manera inmediata, la posición de México frente a la región y frente al resto del mundo merman el estado de Derecho del país, dañan directamente el tejido social, afectan la confianza de la ciudadanía en las instituciones y por consiguiente crea un ambiente de ingobernabilidad que repercute directamente en el modelo democrático existente. Debemos echar mano de las herramientas proporcionadas por la transparencia, es fundamental comenzar a crear cultura de legalidad y de rendición de cuentas, aprovechemos y ejerzamos el derecho de acceso a la información para cuestionar pero también para proponer. |
