En la actualidad, estamos viviendo la mayor crisis mundial en lo que al agua se refiere. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el agua contaminada y el saneamiento deficiente están relacionados con la transmisión de enfermedades como el cólera, diarrea, hepatitis A, fiebre tifoidea y poliomielitis, entre otras. Los servicios de agua y saneamiento inexistentes, insuficientes o gestionados de forma inapropiada exponen a la población a riesgos prevenibles para su salud.

Los gobiernos federales que han estado al frente de nuestro país, le han puesto prácticamente nula atención a la contaminación del agua. Mares, ríos, arroyos, lagunas, cenotes, cuencas, lagos, etcétera, son diariamente contaminadas de manera indiscriminada.

Han sido décadas de corrupción y omisiones que han lastimado gravemente el ecosistema mexicano.

Los ríos de nuestro estado tampoco son la excepción. En lo que respecta al Río Atoyac, de manera permanente arrojan toda clase de desechos que han mermado gravemente el medio ambiente y la salud de la gente. El Río Atoyac es el tercer río más contaminado de México, por lo que nuestra población vive en permanente riesgo sanitario.

El Río Atoyac nace del deshielo de los glaciares en la Sierra Nevada en el estado de Puebla, y ha sido víctima de la contaminación desde la llegada de la industria textil y el crecimiento de la ciudad, hace 180 años. Este río atraviesa 22 municipios de Puebla y 48 de Tlaxcala, que descargan sus aguas residuales con sustancias químicas, metales pesados y contaminantes orgánicos persistentes.

De acuerdo con un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 2017, actualmente el río tiene al menos 25 sustancias nocivas, lo que lo convierte en un foco de infección de enfermedades como hepatitis, cáncer y cólera; asimismo, según datos de la UNAM, las mujeres embarazadas que viven a orillas del río son el grupo más vulnerable de la población, ya que las sustancias tóxicas afectan la genética de sus hijos. De la misma manera, los campesinos, que carecen de pozos para riego, se ven obligados a utilizar esta agua, aunque están conscientes que están envenenando a la gente.

La CNDH ha emitido recomendaciones contra SEMARNAT, CONAGUA, PROFEPA, COFEPRIS, los gobiernos de Puebla y Tlaxcala y los alcaldes de Texmelucan y Huejotzingo, en Puebla, y Tepetitla, Ixtacuixtla y Nativitas, en Tlaxcala, por el incumplimiento en la normatividad en materia de residuos contaminantes a los cuencas de agua que integran la cuenca hídrica del Río Atoyac.

Por lo tanto, es urgente el saneamiento del Río Atoyac, pero si el problema no se resuelve de fondo, cualquier inversión para limpiar el río es dinero perdido. En primer lugar, se debe hacer una revisión exhaustiva de todas las empresas trasnacionales, de las textileras, de los rastros y de las comunidades que estén vertiendo sus desechos en el río. Actualmente se han contabilizado 5 mil 900 empresas.

Debe verificarse la normatividad para que la reglamentación medioambiental sea respetada y exigirles que instalen plantas de tratamiento para sus aguas contaminantes. En el caso de las pequeñas empresas que no puedan financiar una planta de tratamiento, el estado debe de intervenir para reubicarlas e instalar en conjunto las plantas necesarias, manteniendo un diálogo permanente con ellas.

Después de lograr el saneamiento, es indispensable la aplicación de revisiones permanentes por parte de las autoridades responsables, para que nunca más se vuelvan a arrojar desechos al río y sancionar severamente cualquier acto de corrupción que permita que nuestro delicado ecosistema se vuelva a poner en riesgo.

La idea es lograr que Puebla se convierta en un estado limpio, armónico con el medio ambiente y sustentable, en equilibrio con la inversión, la población y las comunidades originarias