Es de todos conocido que los partidos en el poder han lucrado históricamente con los programas sociales para coaccionar el voto. La ruta ya es una constante: aprovecharse de la pobreza y necesidad de la gente para utilizar indebidamente los programas asistenciales.

Esto también se debe en gran medida al debilitamiento de las instituciones. Sólo por poner un ejemplo, Germán Castillo Banuet, el exvicefiscal en el Estado de México durante las cuestionadas elecciones de 2017, hoy es el Director de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la FEPADE.

¿Para qué pusieron ahí a esta persona, si durante esas vergonzosas elecciones del Estado de México no generó procuración de justicia ni colaboración con la FEPADE, cuando la misma institución había integrado 300 carpetas de investigación y se habían judicializado 26 expedientes?

Como dato duro, el presupuesto de Prospera en las delegaciones en donde el PRI busca defender su voto duro, aumentó de 14 mil 317 millones de pesos a 20 mil 532 millones de pesos durante el primer trimestre de 2018, en plena campaña electoral. Queda claro que el fraude electoral que prepara la mafia del poder pasó de ser una amenaza para convertirse en realidad.

La organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza informó que entre el 5 de abril y el 22 de mayo, ha recibido 151 reportes de 25 entidades -entre ellos Puebla-, todos relacionados al condicionamiento del voto por medio de entrega de despensas, entrega de dinero en efectivo, reparto de tarjetas electrónicas y condicionamiento de acceso o negación del acceso a programas sociales, especialmente Prospera.

Puebla no es la excepción. El Morenovallismo está desesperado. Además de haber instaurado una sistemática guerra sucia en contra de los candidatos de la Coalición Juntos Historia, han estado operando 26 programas y acciones sociales muy poco claras.

El clan Morenovallista está actuando como una auténtica mafia criminal, operando en todos los niveles el fraude electoral en Puebla, controlando instituciones y medios de comunicación, denostando, amenazando, mintiendo, condicionando y designando presupuesto a programas sociales muy poco trasparentes: el 65% no tienen beneficiarios asignados, el 84% no reportan su nivel de presupuesto, el 61% no tiene reglas de operación, y el 88% ni siquiera aparece en la Cuenta Pública del Estado.

Como si fuera un Estado monárquico, Moreno Valle impuso a su esposa como candidata a gobernadora, lo que sólo ha generado el desprecio de la gente que está reconociendo que este clan lleva años lucrando con la pobreza y utilizando a nuestro estado como negocio familiar.

Pero no lo vamos a permitir. A pesar de toda la maquinaria de corrupción, impunidad, manipulación e intimidación, cada día su candidata tiene menos posibilidades de ganar.

Mientras más amenacen, difamen y operen, más nos fortalecen.

Por lo tanto, exigimos a la FEPADE que investigue todas las denuncias y las lleve hasta sus últimas consecuencias; y al gobernador Tony Gali, que saque las manos de la elección y deje de utilizar los programas sociales destinados a la población más vulnerable para coaccionar el voto. XXX

@MBarbosaMX