AMLO en el año de Hidalgo

Un político pobre, es un pobre político.

Carlos Hank González

En el marco de la sucesión presidencial, los mexicanos estamos siendo testigos de las primeras medidas que el siguiente mandatario de la nación estará tomando, al asumir el cargo. En lo que parece un cambio de régimen político (no solo de partido político en el poder, sino de valores, actitudes, prácticas, comportamientos y funcionamiento de las instituciones), Andrés Manuel López Obrador (AMLO) virtual presidente electo de México, ha comenzado a fortalecer su discurso con decisiones que buscarán cambiar la cara de la política mexicana frente a la ciudadanía, a partir del 1 de diciembre; a fin de reconstruir la relación entre el gobierno y la sociedad, comenzando por modificar el comportamiento de quienes tomarán decisiones colectivas y asumirán la responsabilidad de gastar los recursos públicos.

Recordemos que una de las líneas de campaña del próximo presidente se refería a que "no puede haber un gobierno rico y un pueblo pobre," por lo que se entiende que, en su búsqueda por generar gobernabilidad, decisiones públicas distintas, transformar necesidades en políticas efectivas y enfrentar desafíos públicos, el discurso se oriente a practicar acciones que exploten a cabalidad las potencialidades que posee el gobierno: legales, fiscales, informativas, políticas, gerenciales, etcétera. Atrás tendrán que quedar las creencias de la cultura política mexicana que asumenque para progresar en política es necesario tener mucho dinero, a partir de la repartición del botín, particularmente en el "año de Hidalgo," en que se considera "un pendejo a quien deje algo."

En este ánimo de construir una imagen distinta de la políticay distinguirse de un pasado reprobado por los ciudadanos en las urnas, AMLO dio a conocer el fin de semana su plan para combatir la corrupción, integrado por 50 lineamientos en los que explica sus políticas de austeridad, transparencia, cambios en la legislación y en el funcionamiento de la administración pública federal. Con base en ello, comparto algunos apuntes que debería reflexionar el próximo mandatario mientras dure el periodo de transición para lograr sus objetivos políticos:

• La Fiscalía anticorrupción será garante para combatirla y no permitirá el predominio de la impunidad, la cual podrá actuar con absoluta libertad, ya que no recibirá órdenes del Presidente. Sin embargo, no se hace referencia a la estructura legal que diversas organizaciones de la sociedad civil exigenque se reforme, específicamente en lo que toca al art. 102 constitucional, a fin de asegurar un proceso de selección y remoción robusto y apegado a estándares internacionales, basados en transparencia, meritocracia e idoneidad; aunado a mecanismos que garanticen el debido cumplimiento de las funciones del fiscal en la materia. Debe revisarse este planteamiento.
• Se reducirá toda la estructura de personal de confianza. Adelgazamientoque debe analizarse, no solo porque el próximo mandatario debe reconocer el trabajo de miles de funcionarios de la administración pública federal incluso antes de tomar protesta del cargo, sino porque sería indeseable que la administración pública federal entrante no contara con un mínimo de estabilidad y claridad en el funcionamiento de un servicio civil de carrera, del que esperamos se distinga la función pública.
• Entre otros, no se comprarán vehículos nuevos;equipos de cómputo en el primer año de gobierno; mobiliario de lujo. Medidas que si bien es cierto tienen como propósito establecer controles de austeridad, pueden confundirse con medidas anticorrupción, lo que no es del todo preciso, ya que más gasto no necesariamente significa más corrupción. Considero que hay una mezcla de ambos y deben distinguirse.
• Las compras del gobierno se harán de manera consolidada, mediante convocatoria; lo cual sería preocupante si solo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fuera el único comprador, siendo México un país tan grande, no me imagino cómo sería la gestión pública.
• Los contratos de obra del gobierno se llevarán a cabo mediante licitación pública, con la participación de ciudadanos y de observadores de la ONU. Medida que no queda clara respecto a cómo sería su participación, en función de que no cuenta dicha organización con las facultades legales para supervisar licitaciones en el país, y, sobre todo, porque no está claro cómo se va a fortalecer la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Me parece un despropósito no reconocer lo que en México se ha hecho bien y la capacidad de la sociedad civil en la materia. Necesita replantearse este punto, es vital para la buena gobernanza.

A manera de conclusión, veo positivo que el nuevo gobierno comience a establecer las bases generales de lo que podríamos esperar de su gestión; no obstante, las acciones propuestas necesitan más tiempo para analizar la implementación de diversas políticas públicas, en términos de su factibilidad económica, técnica, legal, política y social. Si bien es cierto que la ciudadanía espera un liderazgo distinto, el próximo Presidente debe ser mesurado, prudente e inteligente en su toma de decisiones, pues será como nunca antes, calificado por su capacidad de cambiar el rumbo del país, sin poner en riesgo la estabilidad del Estado mexicano.

@floresm_mx / info@reconstruyendociudadania.org

*Profesor de Tiempo Completo del Tecnológico de Monterrey