Gestionando la igualdad de género, desde la economía pública

En algún momento de nuestra existencia hemos escuchado esta frase: "en la vida, nada es gratis"… tal vez como consejo o sabia advertencia que permita valorar lo adquirido. Pensar que los avances tendientes al trato igualitario en los géneros se ha obtenido así, de manera gratuita, enviaría al olvido a las mujeres y hombres que han tomado en serio la lucha por impulsar las reformas legislativas, generar políticas públicas, asignar recursos económicos, sobre todo, de aquellos que son congruentes con acciones que fortalezcan los esfuerzos en conjunto.

Ahora que están próximos a tomar protesta los nuevos integrantes del Congreso de la Unión, así como de entrar en funciones quienes encabezarán las administraciones renovadas en los tres niveles de gobierno, será importante priorizar los temas cuya atención se considere ejecutar. Por esto debe renovarse el interés de la ciudadanía en observar y participar de manera activa, en la construcción del plan de desarrollo municipal, estatal y nacional, que por primera vez en la historia del Sistema Nacional de Planeación Democrática, ocurrirá de manera escalonada, desde el nivel municipal, gobierno de mayor proximidad a la realidad de las necesidades sociales hacia el nivel Federal, que concentra la mayor cantidad de recursos económicos para poder solucionarlos.

La opinión pública ha criticado que en la creación de estos planes, en ocasiones la participación ciudadana ha sido relegada a un simple pase de lista, en lugar de apropiarse de los principios de desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible para el país, con perspectiva de interculturalidad y de género, que poco ha logrado resolver las necesidades sociales, culturales, ambientales y económicas, tal como lo ordena la Constitución Política en sus artículos 25 y 26, así como el 2° de la Ley de Planeación. Desde mi perspectiva, una de los resultados positivos de que el expresidente Carlos Salinas de Gortari hubiese impulsado este sistema en 1983, es que ha permitido en el transcurso del tiempo, incorporar métodos de evaluación… volviendo factible medir, valorar y eventualmente tener la esperanza de mejorar.

En la actualidad todos los órganos del estado, sin importar su estructura orgánica, nivel de gobierno o actividad preponderante, deben aplicar una técnica que les permita planear las políticas públicas y programas sociales desde una perspectiva económica, pues aunque existen temas pendientes en casi cualquier sector de incidencia pública, el dinero debe destinarse de manera eficiente –al menos eso esperamos los ciudadanos- para avanzar en la solución de conflictos. Este modelo de gestión públicabasada en resultados, además de cuidar al asignación del dinero público, busca evaluar el desempeño de las unidades administrativas, permitiendo identificar el grado de responsabilidad de los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones, así como el desempeño o no, de los objetivos, misión y visión de la institución pública… de hecho, permitiría identificar las omisiones y errores en el manejo de los recursos o en ejecución de la política pública.

La teoría señala que este modelo tiene como finalidad incrementar el recurso público, al otorgarnos a los ciudadanosmejores servicios públicos o la solución a necesidades sociales, como la inseguridad, lo que de manera orgánica generaría el cumplimiento en el pago de Impuestos, Derechos o cualquier Contribución, así como de la ejecución sanciones por incumplimiento a la normatividad, situación que también en teoríadisminuiría, pues la sociedad de manera natural evolucionaría a una mucho más consciente de sus responsabilidades, generando un ambiente de paz y seguridad ciudadana.

Se considera también que por medio de la gestión pública basada en resultados, se rinden cuentas de manera atinada, evaluando las políticas públicas previamente a su implementación, durante su ejecución, así como al momento de finalice su aplicación. A nivel federal la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la de Deuda Pública, la de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación, la ya mencionada Ley de Planeación, marcan la pauta para que todos los sujetos de derecho público se sujeten a este modelo.

El actual Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) establece que en los programas "factibles" se deberán incluir enfoques transversales de equidad de género, juventud, discapacidad, y etnicidad, para construir las matrices de los indicadores para resultados, lo que más adelante permitirá evaluar los avances de estos temas en las políticas públicas implementadas en el sector gubernamental… lamentable la posibilidad de uso de criterio discrecional para que sean los servidores públicos encargados del área de planeación – junto con las áreas de recaudación – que en algunos tristes casos, siguen considerando que estos programas sólo corresponden a las entidades que de manera sectorizada se enfocan a los temas: institutos de mujeres, de jóvenes, indígenas o de personas con discapacidad, limitan la ejecución de acciones tendientes a la igualdad de género.

En el plano exclusivamente monetario, el PEF de este 2018, destinó 49 mil millones de pesos a programas de igualdad entre hombres y mujeres, lo que en relación con el total de gasto autorizado para este año, tan sólo representa el 0.93% del gasto total federal.

Normatividad que obligue a la eficiencia administrativa, así como a la inclusión de planes, programas y presupuestos que al menos en papel, incorporen políticas públicas con perspectiva de género abundan, desde el enfoque de algunos, recursos económicos también… entonces porque aún seguimos debatiendo la falta de acciones a favor de la igualdad de género?

*Académica e investigadora