El martes 7 de agosto, una noticia prendió como pólvora en los medios de comunicación nacionales y poblanos. En Villa Lázaro Cárdenas, del municipio serrano de Venustiano Carranza, Puebla, elementos de la División de Investigación de la Policía Federal e integrantes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), en una acción conjunta para combatir el robo de combustible, catearon tres domicilios, detuvieron a tres personas, aseguraron seis armas de fuego, 10 vehículos y 50 mil litros de combustible robado.

Los tres detenidos fueron Ilse Lucía Bernabé, presidenta del DIF y esposa del presidente municipal de Venustiano Carranza, Rafael Valencia Ávila; Omar Daniel Romero Morales El Kakas, jefe de las bandas de huachicoleros en la región, y Griselda Cabrera Valencia.

La esposa del presidente municipal salió después de pagar 20 mil pesos, pero está sujeta a proceso. Estos hechos no sólo ponen al descubierto el desmantelamiento de una banda de huachicoleros que operan en la Sierra Norte de Puebla, representa la punta del iceberg de una compleja y amplia red de complicidades, que relaciona a la delincuencia organizada con el poder político municipal y estatal. Deja al descubierto el grado de descomposición al que ha llegado la clase política y expresa, quizá la forma más violenta, la manera cómo la mafia del poder se ha adueñado de Puebla desde hace más de una década.

En el epicentro de esta trama se encuentra una familia: los Valencia, unidos por lazos familiares con Los Zetas, el grupo criminal más violento de los tiempos recientes en México, por el lado de los negocios con las bandas de huachicoleros de esta región poblana. En la cúspide de esta relación están los vínculos de los Valencia con tres gobernadores y una candidata, Mario Marín, Rafael Moreno Valle, AntonioGali y Martha Erika Alonso de Moreno Valle. Mario Marín los metió a la política y los encumbró; Moreno Valle se alió con ellos para controlar la región; AntonioGali los incluyó en su círculo más cercano de afinidad, puesto que su hijo del mismo nombre, es compadre de Rafael Valencia, y Martha Erika Alonso convirtió a los Valencia (Rafael, Vicente y Patricia) en sus operadores políticos.

El 1 de julio, los Valencia con sus grupos de choque y otras tácticas criminales desataron la violencia y operaron el fraude en las elecciones para gobernador y para presidente municipal. A toda costa esta familia necesita conservar el control de este municipio para seguir con sus actividades criminales y apoyar a sus padrinos políticos en el gobierno del Estado. Ahí están las fotos, los videos de las camionetas llenas de hombres armados que conviven alegremente con las policías municipales y estatal; ahí están las pruebas de cómo el propio Rafael Valencia agradece a sus operadores políticos, y especialmente a los grupos de choque, su participación en el día de la elección.

Lo que ocurre en Venustiano Carranza supera el ámbito electoral y amerita la actuación inmediata de autoridades federales de seguridad y de procuración de justicia. Hablamos de una familia encumbrada desde el gobierno estatal que tiene licencia para matar, secuestrar, levantar, torturar y amedrentar a la población. Se trata del ejemplo más descarnado de la descomposición política por la corrupción, la delincuencia y la impunidad.

@MBarbosaMX