Hace pocos días, ante el discurso oficial encontrábamos los poblanos un panorama alentador respecto de algo que a todos nos ha afectado en uno u otro grado. La situación de inseguridad que se ha asentado ya con visos de permanencia en la capital angelopolitana es un verdadero reto para las autoridades y un genuino riesgo que pesa sobre cualquier ciudadano.

Y alentaban las cifras y el discurso en el cual el presidente municipal Bank, describió cómo es que se ha llegado a tener "una mejor policía", cómo se trabaja para aumentar la participación ciudadana, contar con mejor coordinación entre autoridades y lograr una ciudad más "ordenada y más humana".

El oficialismo contrasta con lo que mediciones nacionales han precisado respecto de este lamentable fenómeno. Tan sólo con referirnos a la percepción tendremos un referente. En Puebla, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana indica en sus cifras más recientes que 9 de cada 10 poblanos viven con miedo, que han tenido que cambiar sus hábitos y no se sienten protegidos en la ciudad. De igual forma, el 75.2 por ciento de la población de más de 18 años, considera que la inseguridad es el segundo mayor problema social en nuestra demarcación, y 46.3 por ciento del gran total de ciudadanos estima que el fenómeno tiende a agravarse. De ahí que 7 de cada 10 pobladores, reprueban el actuar gubernamental a través de la policía municipal.

Siempre he sostenido que estamos ante un escenario complicado y de muchos frentes por atender. Ello implica a no abordar ello en la idea de más policía en las calles, sin antes coordinar un sistema que ataque las causas estructurales del delito, y mejore en calidad profesional y condiciones laborales a una policía municipal que a veces se le castiga injustificadamente en la opinión.

Hay componentes que han sido abandonados como parte de la atención integral de ataque al delito y que hoy en una ciudad que rebasa el 1'600,000 habitantes se presentan como un reto profundo para la administración entrante. Me refiero a la planificación estratégica del trabajo policial para lucha focalizada en delitos, el combate a la corrupción y la impunidad y la prioridad para implementar políticas de prevención del delito. En este cause, los primeros logros tendrán que centrarse en cómo la crónica falta de recursos afectará un presupuesto que debiese ser fundamental, incluso sobre compromisos adquiridos o proyectos de rentabilidad electoral.

En los próximos meses los mexicanos tendremos que estar muy atentos para saber cuál será el rumbo y forma de tránsito del tema de seguridad en lo nacional y cómo su implementación a través de la renovada Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con fuerzas armadas nacionales podrá entrelazarse en las estrategias estatales y por supuesto, bajar efectivamente a la operatividad para los municipios mexicanos, incluida nuestra Puebla que hoy se ve vorazmente adolorida por esta situación.

Un municipio donde se fortalece operativa y tecnológicamente a los cuerpos municipales policiacos, en donde no hay perdón ni margen de inacción en contra del delincuente, en donde existe una auténtica interrelación de sistemas de inteligencia para la prevención situacional del delito, en donde se vinculan sectores académicos y de capacitación operativa para lograr una permanente profesionalización de policía y donde a este último se le dan las condiciones dignas en su encomienda laboral, es un municipio destinado a aportar certeza para el crecimiento económico. Crear condiciones de protección ciudadana efectiva conlleva a fomentar que la gente labore en sus negocios, que no escasee la inversión ni el empleo, que se frecuenten lugares de esparcimiento y exista derrama económica y por supuesto contribuye a que la gente no llegue a tomar la determinación de abandonar su ciudad.

Esperamos un gobierno actuante y una sociedad involucrada para que todos estemos seguros. Pero sobre habrá que poner atención en aquellos quienes no cuentan con los medios de protección suficientes. Gente como un tendero de barrio a quien asaltan cada 5 horas, como un trabajador que tiene que trasladarse en un transporte inseguro donde el robo es el común en rutas ya definidas, como un dueño de una mercería o un locatario de puesto de mercado a quienes les piden derecho de piso. A ellos nos debemos como sociedad, pero quienes se inauguran en el mandato, estarán obligados como gobierno a convencernos de que con talento, estrategia y decisión existe un municipio viable.

 

 

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