Política nacional anticorrupción

Los males que se aguantan pacientemente

cuando parecen casi inevitables

 se convierten en intolerables

una vez que se sugiere la idea de escapar de ellos.

Alexis Tocqueville

Estamos en pleno proceso de la sucesión presidencial en México, en el tiempo en que se acaba la presidencia de Enrique Peña Nieto y comienza a dibujarse el liderazgo y estrategia de la administración pública federal entrante, bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Por un lado, este es el momento de las despedidas, de las nostalgias, de las disculpas por las asignaturas pendientes en materia de combate a la corrupción; el tiempo en el que queda claro que el presidente que se va no entendió el mensaje de la ciudadanía en 2012 cuando votaron por él, al exigirle frenar la corrupción.

Todo lo contrario, de acuerdo con diversos indicadores de percepción, como los de Latinobarómetro, Pew Research Centero de Transparencia Internacional 2017, se muestra un claro retroceso en la política nacional anticorrupción, como resultado de la falta de congruencia entre el discurso político y los hechos en casos emblemáticos de corrupción política durante esta administración, como los de la Casa Blanca, la Estafa Maestra o el de Odebrecht. Esto, a pesar de que México es un país que se considera transparente en materia presupuestaria, según el Índice de Presupuesto Abierto 2017 de la International Budget Partnership; sin embargo, la transparencia es insuficiente para combatir la rampante corrupción que existe en México. Se necesitaba una estrategia clara y acorde con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción; fue insuficiente su mero diseño, carente de unidades administrativas operativamente efectivas, así como de un Fiscal autónomo, independiente y experto en la materia. En este gobierno faltaron instituciones efectivas, voluntad política y justicia en contraparte de la impunidad que coloca al país como el cuarto más impune del mundo, según el Índice Global de Impunidad México 2018 de la UDLAP. Es impensable concebir un efectivo combate a la corrupción si no existen en la realidad sanciones ejemplares por los delitos cometidos; lo cual se confirma con otro retroceso en materia de impartición de justicia en el Índice de Estado de Derecho 2017-2018 de World Justice Project; al mantenerse nuestro país en muy bajos niveles, comparándonos con países como Guatemala, Venezuela y Honduras. Así se despide el actual mandatario de la nación, con un compromiso incumplido en materia de combate a la corrupción.

Paralelamente, este es el periodo de las definiciones del nuevo gobierno, de los nombramientos de las personas indicadas para cada cargo de responsabilidad en la materia, y por supuesto, de las promesas de un cambio en la forma de ejercer la política y el poder. En las circunstancias en que recibirá la administración pública federal, AMLO ha nombrado a Juan Ramón de la Fuente como virtual Embajador de México ante la ONU y como Secretaria de la Función Pública a Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, actual coordinadora del Laboratorio Anticorrupción de la UNAM; ambos perfiles con capacidad de liderazgo y gestión, aunque falta claridad sobre la estrategia de combate a la corrupción, más allá de la retórica y los 50 puntos que escasamente explican hacia dónde va el país. Tomando en cuenta el gran bono democrático con el que llega al poder el presidente electo.

Más allá de los nombres de las personas que conducirán la política nacional anticorrupción, debe analizarse de forma holística todos los elementos que debiera incluir una política nacional anticorrupción, conducida por el gabinete, a partir de dos dimensiones:

• La agenda doméstica, que se debe conciliar con todos los actores sociales involucrados, impulsando la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción; pero con un gran diferenciador con respecto al gobierno actual, que es consolidar la autonomía de las tres fiscalías (Fiscalía General de la República, Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y Fiscalía Anticorrupción), así como su independencia y capacidad de gestión, en un ejercicio amplio de transparencia y supervisión ciudadana.
• La agenda internacional, en la cual México se inscribe a partir de diversos instrumentos jurídicos con los que se ha comprometido a trabajar a partir de una política de Estado. En sentido, siguiendo las líneas discursivas de AMLO, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción como mecanismo vinculante, custodiado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), sería adoptado por el nuevo gobierno, abarcando los aspectos principales que la integran:

1. Prevención.
2. Medidas de penalización y aplicación de la ley.
3. Cooperación internacional.
4. Recuperación de activos.
5. Asistencia técnica e intercambio de información.

Sin embargo, no hay nada claro todavía; estamos en el tiempo de las ideas, no de la estrategia para instrumentar la política nacional anticorrupción. Falta información.