Dos imágenes definen con toda claridad y crudeza lo que ocurre en Puebla en materia de seguridad y procuración de justicia. Me refiero a los recientes linchamientos en el municipio de Acatlán y a la intervención de la policía estatal para tomar el control de la seguridad y de la policía municipal de Tehuacán, como antes lo habían hecho en San Martín Texmelucan, Ciudad Serdán y Amozoc. Los linchamientos hablan de una ausencia de Estado, de procuración de justicia, de respeto a la autoridad, a la vida y la lamentable situación de las corporaciones policiales.

En Puebla, la crisis de inseguridad ha alcanzado niveles de escándalo. Pero no sólo debemos quedarnos en la indignación y la condena, es necesario proponer acciones específicas como establecer el mando mixto policial, porque la diversidad en las condiciones sociales, poblacionales, geográficas y culturales de Puebla, hace necesario un esquema versátil de preparación, capacitación, acción, coordinación y responsabilidad de las policías. Mientras que en algunos municipios se requieren fuerzas policiales preparadas para la prevención y persecución de delitos de alto impacto, en otros son suficientes las policías de proximidad.

Se debe impulsar y poner en práctica un nuevo modelo policial, que entre sus aspectos más relevantes consideren la revisión y reforma del marco legal, la cobertura policial, la infraestructura para la seguridad pública, estrategias para disminuir la incidencia delictiva, mejorar las condiciones laborales y fortalecer la capacitación y la prevención del delito con la activa participación de la sociedad; así como la revisión y la transformación de la readaptación social en el Estado.

De igual forma es necesario reformar la legislación procesal penal de Puebla, para implementar un esquema que facilite a los ciudadanos la denuncia del delito. Un sistema que permita presentar, de manera rápida y sencilla, denuncias por Internet. Aumentar de manera significativa el número de ministerios públicos con la capacitación necesaria para hacerle frente al nuevo sistema de justicia; de la misma manera, se propondrán reformas para el incremento del número de jueces.

Propongo también impulsar una nueva cultura de corresponsabilidad en materia de seguridad pública entre las autoridades y la ciudadanía, para lograr su participación activa y sistemática de esta última, en la seguridad y la procuración de justicia.

La transformación de Puebla significa un cambio de régimen; significa acabar con el escenario que ha llevado a nuestro estado y a nuestra nación a la ruina, significa terminar con el pacto de impunidad para impulsar un modelo de crecimiento cercano a la gente, contar con un gobierno honesto y una patria digna y soberana.

El nuevo Congreso local tendrá que hacer reformas legales para provocar un nuevo modelo policial en el estado, una nueva estrategia en materia de seguridad pública derivada de la propuesta y el esquema que se planteé desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque durante ocho años se ha solapado a la delincuencia en Puebla, las corporaciones policiales se han vinculado a grupos criminales. Que ahora no digan que estas acciones al margen de la ley, se dieron sólo a nivel municipal.

De ahí el hartazgo de la gente y la desconfianza hacia sus autoridades y hacia los procedimientos de procuración y administración de justicia, que los lleva a perpetrar hechos condenables como los que vimos de estos dos campesinos que fueron quemados vivos, ante el rumor de que se trataba de delincuentes.

@MBarbosaMX