El detalle descriptivo con que el artículo segundo del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CASOS DE LINCHAMIENTOS EN EL ESTADO DE PUEBLA define al linchamiento, refleja el desafíosocial al pretendido control estatal de expropiar la venganza y desdeña la transformación del sistema de justicia penal de 2008 en todo su contenido: leyes, procesos, instituciones y autoridades que declaran velar por la justicia y los derechos humanos de sospechosos de conductas delictivas, de las víctimas y los ofendidos. La prohibición expresa de hacer justicia por propia mano contenida en el artículo 17 constitucional, el principio de presunción de inocencia, el debido proceso, y demás derechos y principios contenidos en el reformado artículo 20 del mismo ordenamiento y en los instrumentos internacionales firmados y ratificados por México, son papel en blanco en el momento que la turba social es puesta a prueba en la expectativa de justicia, en ese momento no importa ley y sistema alguno para lograr el objetivo de deber cumplido.

Sin embargo, el verdadero significado del hecho y sus consecuencias son mucho más graves que tener un cuerpo enfrente, pues ese hecho de barbarie será grabado como marca indeleble en la mente de los niños y adultos presentesal atentar contra la dignidad de un semejante con el que se comparte la esencia de ser persona, degradan pues su condición humanaal incentivarsu impulso atávico por la ley del más fuerte y, por supuesto,se dañan colectivamente en un retroceso al proceso de evolución cívica y desarrollo sistémico de su comunidad.

Fue sorprendente que, en menos de 24 horas de haber ocurrido el linchamiento de los dos campesinos comunidad de San Vicente Boquerón, Puebla otro ocurriera en Santa Ana, Hidalgo, ambos con motivo de un rumor de secuestro de niños, hechos de los que no había denuncia alguna en los medios institucionales en los cuales posteriormente la autoridad advirtió que eran noticia falsa. Así mismo, es increíble que no son los únicos a raíz de rumores, recordando el perpetrado en octubre de 2015 en la comunidad de Ajalpan, a dos hombres que hacían encuestas y fueron acusarlos de secuestro.

No es que la sociedad deba asegurarse de que fue cometido un delito por la persona a linchar, pues el resultado es el mismo si es inocente; sino que las redes sociales se han convertido en el medio idóneo de la sociedad vigilante y son compartidos mensajes de alertas que alientan a la población, más aún, sirven para grabar en fotos y video el momento de la ejecución para compartirlos y ser usados como medida ejemplar de disuasión del delito, objetivando así al fallecido. Lejos de que el perturbador momento logre sensibilizar, fortalece y anima a continuar la terrible práctica en un clima de inseguridad y hartazgo ante la burla y la simulación de justicia del Estado.

Y es que el reciente informe del Presidente de la República, coincide con estos hechos al reconocer que "no hay policías en más de 600 municipios", coincide también en que el índice delictivo más alto corresponde al robo, y es este delito por el cual se han perpetrado principalmente los linchamientos y son cometidos sobretodo en comunidades apartadas donde hay poca presencia policial. A pesar de que se tengan en Puebla protocolos específicos, si no son aplicados –como se reconoció por la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla- en coordinación con los municipios y comunidades apartadas, y no se cuente con infraestructura de vanguardia informática y recursos humanos suficientes, la contención será una utopía.

Más aún, el gobierno debe reconocer su responsabilidad en estos actos con disculpas públicas, con acompañamiento y asesoría a los deudos para resarcir el daño en lo moral y en lo material. Debe prevenir –no sólo diciendo que nunca más vuelva a ocurrir-, sino alentando la civilidad con aplicación de programas educativos de reflexión sobre cultura de paz y legalidad, todo ello acompañado de una atención eficaz de las necesidades básicas de cada comunidad. Nada de esto se ha visto, ni siquiera la intención, el estado excluyente e insensible sigue estando presente.

Dra. Juliana Vivar Vera

Profesora del Departamento de Derecho

Tecnológico de Monterrey, Puebla

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@JulianaVivar

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