El gobierno que se va

"...el que es elegido príncipe con el favor popular

debe conservar al pueblo como amigo..."

Nicolás Maquiavelo

Desde el 1 de julio pasado, podríamos decir que prácticamente se acabó el gobierno saliente debido a dos factores: 1) el protagonismo del presidente electo, que actúa prácticamente como si ya estuviera en funciones, desdibujando día a día a Enrique Peña Nieto en su cierre; 2) por la ingobernabilidad del actual gobierno, al perder la capacidad de tomar decisiones en los aspectos elementales para la opinión pública, como son la violencia, la corrupción, la impunidad y la economía. Parecería que tenemos un gobierno que trabaja como un sistema de piloto automático, funcionando con tres componentes: a) un procesador de rumbo para llegar al destino más de prisa (al cierre del periodo de gobierno), b) un mecanismo de unidad de potencia (para mantener el rumbo establecido al inicio de la administración); y, c) un controlador (a fin de navegar en los últimos días de gobierno, sin que ello implique mayor desgaste para el liderazgo político y su equipo). En ese sentido, con un gobierno en piloto automático ya no podríamos esperar otros resultados más que los que ya se tienen y se han evaluado por la opinión pública, comparando los aspectos positivos y negativos del gobierno que se va; y, ejerciendo el derecho de voto para manifestar una clarísima voluntad popular para concretar un cambio político en el país.

De acuerdo con la votación de la elección presidencial, más del 50 por ciento de los ciudadanos decidió darle su confianza a una fuerza política antagónica al partido político en el poder, principalmente porque los resultados de la administración del presidente Enrique Peña Nieto se percibieron más negativos que positivos; siendo casi simbólicos los logros en materia energética, de telecomunicaciones, educación o turismo. Esto no significa que exista una posición única sobre la calificación del sexenio; sin embargo, es claro que tanto la academia, como diversos colectivos, organismos empresariales y de sociedad civil en general, le otorgan una nota reprobatoria al presidente saliente por lo que no hizo en su administración. Destacando problemáticas fundamentales que no cubrió el gobierno que está por concluir con respecto a la expectativa ciudadana, e incluso agravando el estado en el que las encontró al iniciar su mandato, como fue el caso de la seguridad pública, la corrupción y la impunidad.

De acuerdo con el reporte de Transparencia Internacional sobre el combate a la corrupción en México, nuestro país se ubica ahora en el lugar 135 de 180, de acuerdo al índice 2017; perdiendo posiciones con respecto a la medición anterior. En el mismo informe, se establece que 6 de cada 10 personas consideran que la corrupción aumentó con respecto al año anterior; siendo desde esta interpretación, insuficiente la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que el presidente indicó como un logro de su gobierno. Respecto al papel que juega la autoridad para combatir el crimen y ejercer el poder que le otorga la Constitución, 6 de cada 10 mexicanos creen que los policías son en su mayoría o en su totalidad corruptos. Pero el dato más contundente en términos de aprobación de la gestión de Enrique Peña Nieto en esta materia arroja que más de la mitad de la población, el 61 por ciento para ser precisos, sostiene que el gobierno no ha hecho lo necesario para combatir el flagelo de la corrupción. Motivo por el cual, puede concluirse que es reprobatoria la evaluación del desempeño gubernamental en cuanto a este tema se refiere.

En contraparte, en términos de educación cívica y de una cultura de la legalidad en el país, podemos advertir que es asimétrico el nivel de conocimiento de los mexicanos en referencia a las leyes de transparencia, acceso a la información pública o del marco jurídico del SNA. Ejemplo de ello es que 60 por ciento de los adultos de la Ciudad de México y de Yucatán mencionaron en un estudio realizado por el INEGI tener noción de la existencia de este tipo de instancia; mientras que en Chiapas y Colima menos del 35 por ciento de la población sabía de algún organismo encargado de asegurar su derecho de acceso a la información pública (INEGI: 2016); derecho constitucional del que ni siquiera se sabe de su existencia y menos de cómo ejercerlo en gran parte de la población.

Aunado al problema irresuelto de la corrupción, México enfrenta una dificultad mayor en cuanto a los índices de impunidad que se viven en el país; ocupando el cuarto lugar del Índice Global de Impunidad (IGI-MEX: 2018) con 69.21 puntos, y el primero en la lista de países de América Latina con el más alto índice, según revela el estudio realizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). En esta métrica, también destaca un dato que refleja el nivel de confianza que se tiene en el gobierno cuando de impartición de justicia se trata, este es el de la tasa de delitos no denunciados, que se mantiene en un nivel muy alto e incluso en aumento con casi un punto porcentual en dos años al pasar de 92.8 por ciento a 93.7 por ciento; lo que significa que los mexicanos siguen sin tener confianza en sus instituciones de seguridad y justicia para denunciar los delitos de los cuales fueron víctimas (IGI-MEX: 2018).De hecho, estamos peor que nunca en materia de seguridad, y parece que no está claro hacia dónde vamos al cierre de la administración; crecieron la violencia, las extorsiones, los homicidios, y no la capacidad del Estado para combatirlos. Es de aplaudirse que el presidente reconozca que no cumplió el objetivo de recuperar la paz en el país, pero no es suficiente; al menos eso es lo que dicen las voces de las víctimas que aún no encuentran justicia.

Este sexenio concluye con un legado poco alentador para los próximos años, un presidente con un muy bajo perfil, que no puede presumir un Pacto por México y el 97 por ciento de los compromisos cumplidos sin ser fuertemente cuestionado por las asignaturas pendientes que deja y que tienen al país en una situación muy compleja por la imposibilidad de vivir en paz. El mandatario que se va tiene un alto índice de desaprobación, de acuerdo con diversas casas encuestadoras que cierran su gestión con menos del 20 por ciento, comparado con más del 50 por ciento de aprobación que tuvo EPN al menos durante el primer año de su gobierno. Lamentable valoración para un presidente en los últimos cuatro sexenios, particularmente en los últimos meses que quedan en este periodo de vacío de poder. Se va así, reprobado por la opinión pública y sin la amistad popular con la que llegó.

*Profesor de Tiempo Completo del Tecnológico de Monterrey

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