Antorcha Revolucionaria ha planteado en las ideas plasmadas por plumas autorizadas, como la de Aquiles Córdova Morán, Omar Carreón Abud, Abel Pérez Zamorano, Brasil Acosta Peña y el vocero nacional, el Ing. Homero Aguirre Henríquez, la necesidad de airear la vida política del país, desterrando la calumnia y la mentira como armas válidas para desautorizar la defensa de objetivos plausibles, pero que afectan los intereses de los poderosos de este país.

Es el pan de todos los días leer en los encabezados de los principales diarios o escuchar en los más importantes noticieros radiofónicos y ver en los noticieros televisivos, acusaciones o mentiras en contra de funcionarios de alto nivel o contra organizaciones que han demostrado en los hechos su honradez y verticalidad, calumnias y mentiras tales como: "Peña Nieto asesino de estudiantes", "Antorcha asesina", "Los Tarzanes son antorchistas", "Rosario Robles desvió 7,100 millones de pesos", etc., etc., sin que se demuestre mediante pruebas irrefutables la veracidad de esas aseveraciones. Se afirma sin probar, violentando el más elemental principio jurídico.

Esto es así porque de lo que se trata es de golpear a políticos y a organizaciones escogidas en forma preconcebida, para hacerlas blanco de ataques, de venganzas políticas, y no de informar con veracidad al posible lector, televidente o radioescucha, de sucesos totalmente comprobables.

El 25 de septiembre, con motivo de los comentarios dados en el Congreso de la Unión sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", de Ayotzinapa, Guerrero, después de haber escuchado una retahíla de graves ofensas contra funcionarios, políticos y contra el Ejército, y después de haber quedado de manifiesto el total acuerdo de todos los oradores con la exigencia de que se esclarezcan tan graves hechos, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, de la fracción parlamentaria del PRI, en un acto de objetividad política y valentía ciudadana que mucho le honra, acotó que en las investigaciones a realizar se incluyera a los entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y a José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala, ambos del PRD, y llegados al poder con la bendición de López Obrador.

Esto fue suficiente para que toda la bancada de Morena lanzara a la diputada y a la fracción priista el grito de ¡asesinos! ¡Asesinos!

¿Qué pruebas aportaron de su dicho? Ninguna.

Además, la propuesta de la diputada Mariana fue respetuosa y objetiva, pues los aludidos fueron actores principales en el zafarrancho de Iguala; por lo tanto, nadie que pueda aportar dato alguno para el esclarecimiento de los hechos, puede dejar de ser interrogado ni ser declarado libre de culpa "por mayoría de votos", ni con ofensas a las propuestas de tan correcta petición.

¡Nada! Se usó la ofensa para acallar una propuesta objetiva, correcta e inobjetable para llegar a la verdad. Y por sí y ante sí declararlos libres de la mínima sospecha por el hecho de ser "contlapaches revolucionarios" del partido en el poder.

El Presidente electo, Andrés Manuel López, dando pruebas de ser el director de la escuela de calumnias y mentiras, en la semana comprendida del 23 al 30 de septiembre, en dos actos públicos arremetió contra Antorcha, acusándola de ser una organización "intermediaria" entre el pueblo y el gobierno y, mediante esta forma, obtiene beneficios económicos al quedarse con parte de los recursos, que son asignados a los beneficiarios de programas sociales, y concluye: "eso se acabó, se harán a un lado a esas organizaciones, y el trato será directamente entre gobierno y ciudadanos".

Ya Brasil Acosta, en brillante artículo, demostró lo ilegal de esta medida, el atropello a nuestros derechos ciudadanos y la violación que se comete contra nuestra Carta Magna.

A mí me interesa resaltar dos cosas: el uso de la calumnia y la mentira por parte del presidente electo, y el abuso de poder, para intentar liquidar a Antorcha Revolucionaria, la organización de los pobres de México.

Porque es una calumnia llamarnos intermediarios, pues nunca, en ningún programa social y con ningún gobierno, nosotros hemos jugado tan indigno papel. Somos, eso sí, los que dirigimos a los campesinos pobres para exigir atención a sus derechos pisoteados. Somos dirigentes sociales limpios, a mucha honra, y es una ofensa y una grave mentira llamarnos "rateros", sin demostrar, como está obligado a hacerlo cualquier ciudadano aunque sea el presidente electo, la veracidad de su dicho. Pedimos que sustente sus aseveraciones, pues de no hacerlo, tenemos todo el derecho a llamarnos calumniados, y al que dice tan graves mentiras, calumniador

Como seguramente no podrá comprobar sus aseveraciones. Entonces tales exabruptos se explican por la orquestación, en altas esferas del Gobierno, de una campaña liquidacionista contra el Movimiento Antorchista Nacional; por lo tanto, tenemos la obligación y el derecho de hacer la denuncia pública correspondiente.

Los grupos antorchistas están informados de esta campaña liquidacionista y están prestos, dentro de los marcos legales, a exigir respeto a nuestro derecho de existir como organización social. Ya velamos nuestras armas.

Sólo pedimos que recuerden quién inició la gresca y se le llame, en un momento, culpable de las protestas justificadas.