En la sesión de la Honorable Cámara de Diputados del 18 de octubre, entre los puntos del orden del día, acordados por la Junta de Coordinación Política, aparece como de urgente resolución el punto de acuerdo por el que el Partido Acción Nacional (PAN) propuso implementar un programa de regularización, emplacamiento y empadronamiento de vehículos usados de procedencia extranjera introducidos al país. De los argumentos esgrimidos por el diputado ponente, entre muchos otros, destacó: la mayoría de los propietarios actuales de dichos vehículos son familiares de migrantes que adquirieron de esa forma, transporte para sacar las pequeñas cosechas obtenidas en el periodo agrícola de temporal o de riego; muchos de los ilícitos que se cometen se hacen a bordo de vehículos extranjeros sin emplacar, lo que dificulta la ya de por sí lenta e ineficaz localización de los criminales; el hecho de que los conductores de dichos vehículos, constantemente infraccionados por la policía federal, de tránsito estatal y local, constituye una enorme fuente de corrupción, pues según cifras estimadas son más de 7 millones de vehículos ilegales que transitan por las carreteras del país.

Nunca se manejaron argumentos de carácter económico, tales como de qué manera repercutiría en la industria automotriz nacional en particular y, por lo tanto, en la economía nacional en general, la legalización de tan enorme cantidad de vehículos.

Nunca se argumentó que los elementos proporcionados por el diputado de Acción Nacional para solicitar su urgente aprobación fueran falsos, o que las cifras estuvieran manipuladas para lograr su aprobación.

Nunca se negó que quienes sufren y viven este problema sean las clases medias campesinas, que se ven beneficiadas con la compra de vehículos extranjeros de uso y traídos a su lugar de origen por los indocumentados mexicanos que regresan a su patria, o por migrantes legales que ven en la donación de vehículos a sus familias, falsas formas de elevarlos en la escala social: de campesinos de a pie los elevan a campesinos con camioneta.

No hubo pues, argumentos contrarios al punto de acuerdo descrito líneas arriba. Dado que dicha propuesta coincide con los principios de MORENA, que plantea un gobierno de los pobres, con los pobres y con acciones siempre en favor de los pobres, era de esperarse un apoyo total de la fracción morenista a favor de dicho punto de acuerdo. ¡Nada!

Sometido a aprobación sólo recibió el apoyo de la fracción del PRD, del Verde Ecologista, del PRI y de Movimiento Ciudadano. Morena votó en contra y dada su mayoría en la Cámara, la propuesta de emplacamiento de vehículos extranjeros, presentada por el PAN, fue enviada al bote de la basura.

¿Por qué no se argumentó económica, política o socialmente, la posición de Morena en torno de dicho punto de acuerdo? No es por ignorancia, sino por astucia política y por la soberbia que les da su mayoría en la Cámara.

Todo lo avasallan. Para ellos no valen razones, sólo impera el abuso de la fuerza.

Creo que no se argumentó desde un punto de vista económico el voto morenista en contra de la iniciativa porque los colocaría como "defensores de los ricos de este país" y eso mancharía su "inmaculada" conducta revolucionaria; ya que su dogmatismo político les evita reconocer las leyes del mercado, que evitan abrir indiscriminadamente las fronteras nacionales a la importación de vehículos usados so pena de provocar una crisis en la industria automotriz y, como consecuencia a la nación entera. Estas razones las debe conocer el pueblo, aunque aparezca uno como defensor de los ricos; prefieren, como el avestruz, esconder la cabeza y dejar las pompas de fuera.

No argumentaron política ni socialmente, creo yo, porque ante la disyuntiva de argumentar por qué, aunque quieran beneficiar a los pobres (concedámosles el beneficio de la duda) en el sistema capitalista que vivimos esto no es posible y, por lo tanto, para hacerlo tendrían que cambiar el sistema, y una posición verdaderamente revolucionaria por ser verdad, los colocaría como enemigos de la clase poderosa del país, conducta que tan alto costo no están dispuestos a pagar, prefieren seguir adoptando, como siempre, una política "revolucionaria" de palabra, pero en los hechos apuntaladora del régimen económico capitalista, actitud que es criticable por simuladores, y por engañar al pueblo sobre sus reales posibilidades de cambio en un régimen como el que vivimos, cuando en realidad son enemigos del pueblo y de sus aspiraciones a una vida mejor.

A partir de estos hechos y sin meter razonamientos a fuerza, con calzador, podemos afirmar una vez más, que se ve muy difícil, casi imposible, que el gobierno morenista intente hacer un gobierno de los pobres y para los pobres.

Así se explican los ataques que, en contra del Movimiento Antorchista Nacional, un día sí y otro también, realiza el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Busca liquidar a la única organización real y verdadera representante de los pobres, que puede exigirle el cumplimiento de sus promesas de campaña, y reprocharle la demagogia que usó en campaña para llevarle a los humildes falsas esperanzas de redención.

Por eso, sin importarle para nada el hecho de que se degrade como presidente, a grado tal de aparecer como pendenciero de pueblo, buscando bronca para hacerse notar, ha hecho del ataque al pueblo organizado en Antorcha, su arma predilecta para presentarse como el "modernizador" de la política nacional.

Nuestros grupos se encuentran en estado de máxima alerta para defender nuestro derecho a la libre organización y a defender nuestro derecho a la justicia, siempre dentro de los marcos legales que nos señala la Constitución General de la República, si estas baladronadas llegaran a convertirse en actos de goberno.

Que no quepa ninguna duda.