Atendiendo algunas de las amables y pertinentes comunicaciones de mis lectores sobre la columna pasada (23 de septiembre) centro esta colaboración en dos temas: la función del Banco de México en la economía mexicana y el cuidado con el que el presidente electo debe expresar sus opiniones en un contexto donde las calificadoras: Moody's, Standard&Poor's, Fitch, son un actor que incide significativamente en los flujos de inversión extranjera en México.

El Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos trata de las funciones del Banco de México, específicamente, el párrafo séptimo refiere: "El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado". Es importante notar que, aunque no es su labor primordial, según el citado párrafo, el Banco de México si está involucrado en el desarrollo del país.

Las críticas al Banco de México han sido continúas por un sector de académicos – investigadores debido a que desde la autonomía del Banco de México (1994), la economía mexicana enfrenta una disyuntiva entre crecimiento del producto interno bruto y controlar la inflación. Es decir, parece que el crecimiento económico del país está acotado por el mandato constitucional hacia el Banco de México de preservar el poder adquisitivo de la moneda. Este análisis no es ajeno al presidente del Banco de México, Alejandro Díaz de León, quien, en entrevista con un diario de circulación nacional, el pasado 18 de octubre, mantuvo una postura de conservar la función principal del Banxico, argumentando que en el pasado "la emisión de dinero del banco central dio lugar a situaciones macroeconómicas insostenibles que acabaron en crisis muy dolorosas para la sociedad" (González, Roberto, 2018).

Esto es, la emisión de dinero es monopolio del estado (párrafo séptimo del Art. 28 Constitucional) y, desde la autonomía de Banxico, la cantidad de dinero emitidaestá en función de preservar la estabilidad de precios. Misma que, según la teoría convencional, se amplía hacia la estabilidad de un conjunto de indicadores macroeconómicos. Sin embargo, como analizaremos en la siguiente columna, el desempeño de algunos de estos indicadores: deuda pública, formación bruta de capital, consumo, y ahorro, cuestionael éxito de las políticas convencionalesestablecidas para la economía mexicana.

Por otra parte, las evaluaciones que las calificadoras trasnacionales realizan hacia las economías nacionales, particularmente, a los mercados como México, se han convertido en un factor clave en la toma de decisiones para los inversionistas, particularmente, por los análisis que realizan sobre el riesgo y la capacidad de pago de la deuda. Actualmente, México mantiene una calificación de su deuda de A3, según Moody's, que implica Grado Medio Superior, y de acuerdo con S&P y Fitch de BBB+, lo cual significa un Grado Medio Bajo (Expansión/Datos macro.com). La posición de Moody's está un escaño por arriba de S&P y Fitch. Por lo que, el comentario del futuro presidente Andrés Manuel López Obradorsobre un país en quiebra no trascendió en los mercados. Aunque, es verdad que AMLO debería ser -seguramente así será- más precavido en sus declaraciones. También es cierto que la problemática nacional no puede ser obviada o descrita en función de intereses externos.

Fuente: González, Roberto. , La Jornada. 18 de octubre de 2018. https://www.jornada.com.mx/2018/10/18/economia/024e1eco

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*Profesora de Tiempo Completo en la UNAM – Facultad de Economía.

La opinión expresada en este artículo es responsabilidad del autor y no refleja el punto de vista del Tecnológico de Monterrey.